La Comisión de Investigación de la Faffe se reanuda por fin el viernes 13 de marzo

La Fundación Andaluza del Fondo de Formación para el Empleo fue un chiringuito creado en 2004 por el gobierno de Manuel Chaves para, según se ha visto después, colocar a centenares de ex cargos municipales, afiliados, familiares de afiliados y demás arrimados al régimen socialista andaluz. Tras su disolución, todo su personal, que había entrado sin pruebas adecuadas o sin ellas, pasó a formar parte del Servicio Andaluz de Empleo donde una mayoría de ellos ha estado sin trabajar en serio, según denuncia del propio gobierno de Susana Díaz.

Varios escándalos sucesivos de colocaciones y nepotismo precedieron al escándalo de las tarjetas sex black como consecuencia del uso de tarjetas de crédito a nombre de la Fundación en clubs de alterne de Sevilla por parte de los dirigentes de la Fundación. Como consecuencia de todo ello, se consideró necesario constituir una Comisión de Investigación en el Parlamento andaluz que únicamente no apoyó el PSOE para conocer qué había ocurrido en este órgano de la llamada "administración paralela".

Por ejemplo, y por resaltar uno de los escándalos más importantes, la Cámara de Cuentas de Andalucía, el órgano fiscalizador de la administración andaluza, descubrió en 2018 que la fundación de Empleo de la Junta tenía 55.644.950,80 euros sin justificar en subvenciones excepcionales.

El PSOE, decidido a boicotear la investigación parlamentaria

El último gran incidente de este escandaloso caso político que tizna al anterior gobierno socialistas, además de los macrocasos de corrupción entre los que asimismo se encuentra la Faffe en los juzgados, fue el comportamiento de Manuel Chaves y otros ex altos cargos que se negaron a declarar en la Comisión de Investigación o se negaron a comparecer.

La Comisión denunció los hechos ante la Fiscalía y ésta asumió la denuncia contra los ex consejeros y diputados del PSOE Antonio Ramírez de Arellano y Javier Carnero por ese motivo, aunque en el caso del ex presidente y de otro ex alto cargo, el ex consejero José Sánchez Maldonado, se inhibía porque no son aforados y ya hay un juzgado ordinario que investiga los hechos.

Lo cierto es que la Fiscalía Superior de Andalucía consideró sin éxito –el TSJA no admitió a trámite la denuncia–, que la famosa espantá por la que Chaves y otros se negaron a responder a las preguntas de los representantes de los grupos políticos podía ser considerada un delito de desobediencia. El comportamiento de Chaves fue el pasado 7 de noviembre, al que siguieron las réplicas de los demás ex altos cargos.

El presunto delito que contemplaba la Fiscalía es el que se describe en el artículo 502.1 del Código Penal en el que se considera delictivo negarse a "declarar y a responder a las preguntas que pudieran formularles los representantes de los grupos parlamentarios en la comisión de investigación".

Pero además, José Antonio Griñán y Susana Díaz no acudieron a la misma aludiendo a que no habían recibido la notificación de manera oficial, y la ministra de Hacienda en funciones justificó su ausencia argumentando dictámenes del Consejo de Estado que recogen que miembros del Ejecutivo central no están obligados a comparecer en órganos autonómicos al no ser de su competencia, como ya hizo la exministra Fátima Báñez.

El nuevo escándalo de estas conductas condujo a que PP y Ciudadanos promovieran la reforma de los reglamentos que contemplan cuál es el funcionamiento de las comisiones de investigación para que no volvieran a ocurrir las espantás de Chaves y los demás ex altos cargos socialistas implicados. Se trataba de precisar qué era una comparecencia, en qué consistía y cómo debe producirse. Además, se aportaba un régimen de sanciones más amplio que el vigente en aquel momento.

El viernes 13, dos nuevas comparecencias

Este próximo viernes, 13 de marzo, comparecerán ante la Comisión de la Faffe dos extrabajadoras de la Fundación que fueron incluidas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Concepción Domínguez del Toro y Lourdes Medina Varo.

Desde diciembre a febrero no hubo sesiones y desde ahora, se celebrarán todas las semanas en las que no haya previsto Pleno del Parlamento. En concreto, se celebrará una sesión por semana y con dos comparecientes por cada sesión, en horario solo de mañana. Serán 40 los comparecientes que deberán acudir.

A finales de diciembre, el PP-A anunció que volvería a pedir la comparecencia en la comisión de los miembros del Gobierno que "salieron huyendo porque decían que ellos no tenían nada que ver con los escándalos de la Faffe", entre ellos la expresidenta de la Junta, Susana Díaz; la exconsejera de Hacienda y actual ministra, María Jesús Montero, y otros tres exconsejeros.

Se ha llegado a sopesar por parte del PP-A y de Vox una posible "suspensión temporal" de las comparecencias de la comisión de investigación ante el "boicot" del PSOE-A y las incomparecencias de algunos de los citados a declarar, mientras que Ciudadanos (Cs) ha anunciado que insiste en la reforma del reglamento de la Cámara para "darle una mayor eficacia" a las comisiones de investigación, pero sin parar los trabajos de la de la Faffe.

De todos modos, el espectáculo de un Parlamento Andaluz que, a pesar de tener contempladas en sus normas y reglamentos la constitución de Comisiones de Investigación, es incapaz de conseguir su efectivo y normal desarrollo por los obstáculos presentados por el partido que es el principal investigado, deja perplejo a muchos ciudadanos.