La Junta de Andalucía aprobó este lunes un nuevo decreto de escolarización que elimina trabas a la enseñanza concertada, lo que ha provocado la reacción coordinada del PSOE, Podemos, sindicatos y asociaciones de padres de alumnos contra la medida. Los inspectores de Educación aplauden que se les tenga en cuenta en la valoración de las circunstancias de la escolarización.
Los cambios consisten en nuevos criterios de admisión y preferencia y permiten que las familias puedan solicitar plaza en un centro concertado, siempre que exista uno en su localidad, eliminándose las zonas de influencia que impedían que donde había centros educativos concertados, un 18 por ciento del territorio andaluz, la mayoría de las familias no podían elegir este tipo de colegios.
El consejero de Educación de la Junta, Javier Imbroda, puso como ejemplo el caso de Alcalá de Guadaira. En este importante municipio sevillano sólo hay un colegio concertado, pero hasta este lunes sólo podían tener acceso a él las familias que vivieran dentro de una "zona de influencia" del centro, no de toda la localidad.
Se trata, según Imbroda, de facilitar la libertad de elección a los padres del centro en el que quieren que estudien sus hijos y evitar, en la medida de lo posible, la arbitrariedad de un sorteo al que se recurre cuando la demanda supera a la oferta de plazas, como se venía haciendo.
Añade EFE que el decreto entrará en vigor en el próximo curso escolar y regula los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en los centros públicos y concertados para segundo ciclo de Infantil Primaria, Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Tendrán derecho preferente los hijos de familias donde se haya producido violencia doméstica, víctimas de terrorismo e hijos de los docentes que trabajen en el centro concertado.
Hay nuevos criterios como tener matriculado en el primer ciclo de Infantil a un hijo con la finalidad de fomentar la escolarización en esta etapa, y el expediente académico del alumnado para su admisión en bachillerato. También puntúa mejor tener hermanos matriculados y se doblan de puntos que antes tenían las familias de menores rentas.
Contra el decreto se han unido el PSOE, Adelante Andalucía, los padres incluidos en la Confederación Andaluza de Asociaciones y los sindicatos. El PSOE, que ha acusado al consejero Imbroda de tener intereses privados en la educación concertada, ha anunciado que hará todo lo que pueda para que no se aplique el decreto aprobado este lunes.
Adelante Andalucía, todavía Podemos, va a pedir al Gobierno andaluz que desarrolle una campaña que "llame a matricular en la enseñanza pública" y ha reprochado a Imbroda que, a quince días de que se abra el periodo de matriculación, haya hecho este fin de semana "una campaña de propaganda a favor de la enseñanza concertada" y haya "despreciado" la pública.
La confederación andaluza de asociaciones de madres y padres del alumnado por la educación pública (Codapa) denunció que el nuevo decreto de escolarización de Andalucía perjudicará a la enseñanza pública y favorece a la concertada al introducir un centro de este tipo en cada área de influencia.
La federación de Enseñanza de CCOO-A ha denunciado "el daño" del decreto de escolarización aprobado el Consejo de Gobierno andaluz, que ha calificado de "el mayor ataque que va a sufrir la educación pública en los últimos años", y ha anunciado movilizaciones de protesta con el resto de la comunidad educativa.
Incluso la CSIF Andalucía, primera fuerza sindical de la enseñanza pública en Andalucía, ha expresado su firme desacuerdo con la modificación del decreto de escolarización aprobada por el Consejo de Gobierno, realizada sin contar con el sentir de la comunidad educativa. A juicio del sindicato, se trata de una medida que supone un "ataque en toda regla a la enseñanza pública".
Por su parte, el Sindicato de Inspectores de Educación (USIE), que aglutina al 70 por ciento de los inspectores, ha celebrado que el nuevo Decreto que regula la escolarización del alumnado contemple que los inspectores de educación puedan presidir las Comisiones Territoriales de Garantías de Admisión.
Según su presidente, Antonio Segurado, fue el anterior gobierno del PSOE quien "apartó deliberadamente a los inspectores de las presidencias de las comisiones de escolarización" lo que "fue un gran error y un paso atrás", porque cuando se producían conflictos de intereses decidían como juez y parte los directores de los centros.