Cuando se incubaba el "caso Guerra", todavía era Gorbachov la cabeza visible del imperio comunista soviético. España llevaba ocho años de mayoría absoluta socialista en cuyo seno el que se movía no salía en la foto ni en la única Radio Televisión Pública que controlaba Luis Solana. Carlos Solchaga ofrecía a la jet set sociata enriquecimientos fáciles y a los sindicatos afines subidas de dos puntos por encima de la inflación tras una huelga general exitosa en 1988.
El día 3 de enero de 1990, el corresponsal de ABC en la provincia de Cádiz, Antonio Castro, publicaba el resultado de sus pesquisas en el Centro Democrático y Social, lo que quedaba del partido de Adolfo Suárez, en Barbate. CDS había denunciado que el alcalde socialista de la localidad gaditana había desbloqueado un proyecto urbanizador en el que se barruntaba la presencia de Juan Guerra.
El día 8 de enero, El Mundo publicaba una entrevistaba con el socialista Serafín Núñez, el alcalde de Barbate, que certificaba expresamente la presencia de Juan Guerra en la intermediación de la operación urbanística Puerto de la Plata. Se trataba de urbanizar nada menos que 300 hectáreas algunas de las cuales pertenecían al ministerio de Defensa. Poco antes, el que fuera luego consejero mayor de la Cámara de Cuentas recién instituida en Andalucía, el también socialista José Cabrera Bazán, intentó lo mismo.
Fue la entrevista de El Mundo la que desencadenó el escándalo más que nada por la certificación conseguida. Serafín Núñez era un socialista sobrevenido que sopesó mucho recibir a un tal Pedro de Tena. De hecho, lo hizo esperar horas dando vueltas por Barbate con su colaboradora entonces, Soledad Bonet. Finamente, le abrió la puerta de su casa, le invitó a un jamón legendario y hablaron sin tapujos.
Núñez era uno de los 32 socialistas que, con Manuel Chaves, había participado en la obtención de un préstamo de la Caja de Ahorros de Jerez, préstamo que el PSOE, ni ninguno de sus beneficiarios, jamás pagó y que fue hecho desaparecer por los dirigentes de la caja del circuito informático como si nunca hubiera existido. Cuando se descubrió aquel entuerto, se exigió una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. O sea, Serafín Núñez no era un cualquiera en el PSOE de Cádiz y sabía.
Tras aquella entrevista, el caso estalló y poco a poco fueron uniéndose los demás periódicos, incluso el felipista El País, que vio, o le mostraron, la oportunidad para cargarse a Alfonso Guerra. Pedro J. Ramírez, expulsado de Diario 16, dirigía desde octubre de 1989 un nuevo periódico, El Mundo del siglo XXI, que necesitaba despegar y, oliendo la sangre, envió a casa de su primer delegado en Andalucía, que era quien suscribe, Pedro de Tena, a una avanzadilla plumillera con los mejores sabuesos del periódico.
Se trataba de Melchor Miralles, socio fundador de El Mundo; Fernando Garea, hasta hoy máximo responsable de la agencia EFE; Juan Carlos Escudier, un joven que despuntaba y Carlos Salas, un periodista económico y oscuro. Todos ellos llegaron a la casa de Pedro de Tena en Tomares (Sevilla) donde con un ordenador propio de 20 megas de memoria total, una reliquia, y un módem de aquellos que hacían un ruido gangoso, se escribieron las primeras crónicas punteras del caso.
Una de ellas, aportación exclusiva de Miralles aunque la firmamos todos, informó que Amparo Rubiales había confesado que el Consejo de Ministros trató del caso Guerra (algo que Rubiales me negó personalmente después), dio paso a la primera querella criminal del caso interpuesta contra los cinco periodistas firmantes nada menos que por el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres. Ni siquiera fue admitida a trámite en el juzgado correspondiente como se preveía con lo que el fracaso del gobierno catapultó aún más al periódico naciente.
A partir de ese momento, El Mundo se convirtió en el periódico del caso si bien ABC continuó siempre con sus insistentes aportaciones, como Diario 16, encabezado entonces por Francisco Rosell e Ignacio Camacho y los currelantes Diego Caballero y la incisiva Rosa María López, y El País, sobre todo a través de Juan Méndez, bien relacionado con la Fiscalía.
Casi inmediatamente, se conoció la existencia de un despacho irregularmente ocupado por Juan Guerra en la torre sur de la Plaza de España de Sevilla, despacho donde con cafelitos y visitas fueron luego desveladas en el famoso libro de registro. El famoso gráfico que hizo El Mundo del despacho y de si situación lanzó aún más al periódico y convirtió el caso Guerra en el primer gran caso popular de corrupción socialista.
Como puede adivinarse por los jóvenes y recordarse por los más viejos, el caso Guerra se presentó como un ejercicio de tráfico de influencias, que entonces no era delito, según el cual para "acelerar" los trámites administrativos –obsérvese la relación con el caso ERE–, Juan Guerra se convertía en el conseguidor de diferentes permisos administrativos o favores legales a cambio de cantidades que no siempre acabaron en el partido.
En aquel tiempo, Felipe González no estaba a gusto con Alfonso Guerra en la vicepresidencia del gobierno y en Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, uno de los adversarios del guerrismo, ya había sido decapitado por Arfonso aunque iba a seguir siendo presidente de la Junta hasta la llegada de Manuel Chaves, algo que ocurrió en 1990 por el ordeno y mando de su amigo Felipe.
El caso desesperó a los guerristas que vieron venir el peligro y asustó a los borbollistas que se veían señalados como los "gargantas profundas", algo que en realidad no fueron ni todos ni del todo, sólo algunos. Lo que vieron muy pocos fue la larga mano de González en el desarrollo del escándalo.
El guerrismo intentó parar el caso poniéndose en contacto con Pedro de Tena, por la vía de un periodista amigo, Juan Teba, con el que había coincidido en RTVE y en la denuncia del caso Canal Sur en Diario 16. Se trataba de que entregara toda la información de que disponía y se olvidara del caso. En el trance le recordaron que sus pasos eran perfectamente conocidos y vigilados. No tuvieron éxito.
El borbollismo, entonces ya no tan poderoso como antaño, tuvo entre sus filas a personas que conocían bien los manejos de Juan Guerra en asuntos sanitarios, una de ellas Remedios Vargas, luego partícipe del proyecto político de Ricardo García Damborenea. Una de las revelaciones que se hicieron, desmentida luego por el propio autor, fue el cobro de comisiones del 10 por ciento por gente del PSOE en el circuito de la sanidad andaluza.
El felipismo, entonces conocido como el clan de los renovadores frente a los guerristas de toda la vida, aportaba por vías discretas informaciones relevantes para el caso. Por ejemplo, una de ellas, que fue firmada por mi mismo, fue el intento de compra del juez Ángel Márquez por parte de Horacio Oliva, abogado de Juan Guerra, que le ofreció un puesto en el Consejo General del Poder Judicial si declaraba el secreto del sumario y otros beneficios de procedimiento.
Los hermanos Guerra, todos ellos, se convirtieron en objeto de investigación e información y es preciso decirlo ahora como lo dije antes, que no siempre fueron tratados con respeto y profesionalidad. De hecho, hasta se llegó a extender la especie de que Juan Guerra podía haber contribuido a la muerte de su ex esposa, María Ángeles López Rubio, cuyo entierro fue un despropósito con fotógrafos y curiosos saltando de tumba en tumba.
Lo que sí hizo la despechada María Ángeles fue entregar a Manuel Fraga un dossier sobre las actividades de su ex marido a través del intermediario del PP andaluz, Juan de Dios Martínez Soriano, con el que viajó a Madrid.
Otro de los hermanos que saltaron a la fama fue el mayor, Antonio Guerra, el patillas, una persona de escasa formación, pero de una vida intensa, simpático, dicharachero y cruzcampero que fue situado en el punto de mira por su contribución al desprestigio de la familia Guerra en general.
No todas las informaciones que se dieron sobre el caso Juan Guerra fueron veraces, aunque la mayoría sí lo fueron. En mi caso, El Mundo aprovechó una noticia enviada por mí para titular: "Juan Guerra estafó a las Hermanitas de los Pobres", algo totalmente falso e irreverente en la pía Sevilla, que no logré que mi periódico rectificara a pesar de habérselo exigido a Fernando Garea en varias ocasiones. Decidí entonces pedir perdón a Juan Guerra y lo hice. Él lo sabe.
Me entrevisté con Juan Guerra algunas veces, tanto en Sevilla como en su casa de Conil. Era un hombre acorazado a la fuerza, que tenía gracia natural y que conocía perfectamente el paño en que se había convertido el PSOE andaluz en el que no pocos dirigentes se enriquecían y participaban de suculentas operaciones urbanísticas y de otras calañas. Pero a pesar de lo que tuvo que tragar, jamás denunció a nadie sabiendo como sabía que lo suyo era calderilla comparado con lo que otros se embolsaban.
El caso Guerra tuvo la suerte de contar con un equipo muy compacto en la Policía Judicial que encabezaba José Antonio Vidal con su inseparable Diego Martínez y el discreto Paco Manzanero, que era de simpatías socialistas pero que trabajó en el caso con la máxima profesionalidad y diligencia a pesar de los pocos medios disponibles. Internet no existía para el gran público, por poner un ejemplo.
José Antonio Vidal era y es, ya retirado, un policía brillante, inteligente y capaz, que desde el principio comprendió la trascendencia del caso y trazó la hora de ruta destinada a investigar las conductas irregulares de Juan Guerra, sus empresas y sus influencias, si bien resultaba evidente que la fiscalía, al frente de la cual estaba el fiscal jefe Alfredo Flores, no estaba por la labor de ir más allá de una calificación de delito fiscal, como así resultó judicialmente al final.
Diego Martínez era un policía muy experimentado procedente de Almendralejo que luego llegó a ser comisario de la Policía Nacional en el barrio sevillano de Nervión. Sus pesquisas fueron bien precisas y de no haber sido por ambos no habría habido caso Guerra. Las presiones que recibieron de sus superiores y de la Fiscalía le costaron a Vidal disgustos importantes de salud.
Queda por hablar del fiscal Flores y del juez Márquez, Ángel Márquez, uno de los hermanos de la saga judicial de los Márquez. Del fiscal Flores, hombre muy inteligente y capacitado, he de decir que, aunque no ayudó a una instrucción ejemplar del caso, tampoco la dinamitó del todo, seguramente por estar entre dos fuegos. Recordaré la anécdota de bajar en pijama y zapatillas del edificio judicial en el que vivía cuando Melchor Miralles y yo mismo le informamos de la presencia del GAL en el libro de visitas de Juan Guerra. Un fiscal en bata, qué cosa.
Cuando publiqué con honores de portada y cinco columnas que el juez Márquez había sido tentado con un puesto en el Consejo del Poder Judicial, Flores creyó que yo mentía y me advirtió que iría por mí. Algo de ganas me tuvo durante un tiempo. Pero el juez Márquez no desmintió la información, algo que todavía hoy le agradezco, y Flores me llamó admitiendo que se había equivocado. Fuese, y no hubo nada.
Del juez Márquez, menudo, bajito, algo así como el juez Marino Barbero, al que machacaron en el caso Filesa, aunque más metido en carnes y bigotes, hay que decir que el caso Guerra hubiera sobrepasado a cualquier juez. De hecho, tenía que atender al binomio complejo Policía Judicial-Fiscalía, a los abogados de la defensa y, sobre todo, a los de la acusación particular, del Partido Andalucista e Izquierda Unida –el afable rojasmarquista entonces Emilio Lechuga y el hamletiano Manuel Fernández del Pozo, respectivamente–, entre otros. Y a los periodistas, claro.
Márquez hizo una instrucción criticada por todos, bien por su timidez, bien por su demasía, pero logró que el caso fuese llevado a juicio y que Juan Guerra fuese condenado, muy levemente, cierto, pero condenado. Personalmente, siempre fue un hombre de honor que no ha presumido de nada, pero que se impuso a sí mismo el deber de no mentir y la responsabilidad de ser juez por encima de todo fiel a la ley y a su conciencia. No, no era fácil con Montesquieu malherido en la UVI y con un PSOE equipado con una mayoría absoluta apabullante en España y en Andalucía.
En 1991, Alfonso Guerra, que negó torpemente conocimiento alguno de la existencia del despacho de suenmano en la Delegación del Gobierno, se vio obligado a dimitir al no encontrar el apoyo necesario en Felipe González, a pesar de su "dos por el precio de uno". El caso de Juan Guerra entraba en una nueva fase más judicial y menos política.
La responsabilidad política había sido asumida por el principal protagonista, el todopoderoso vice todo, abriendo hondas heridas en el PSOE y dejando por vez primera la puerta abierta a un desgaste electoral, que continuó con nuevos escándalos de por medio, hasta la celebración del primer juicio en 1995 y siguientes, y que culminó con la victoria de José María Aznar en marzo de 1996.
El meollo original del caso Juan Guerra
El meollo político y judicial del «caso Guerra» se situaba alrededor de la utilización indebida de un despacho oficial situado en la Delegación de Gobierno en Andalucía desde el que Juan Guerra, además de servir de asistente de su hermano Alfonso, organizaba y diseñaba sus negocios privados.
Este despacho estaba en la torre Sur de la Plaza de España. Se accedía a él mediante un corredor donde esperaban pacientemente su turno los visitantes de Juan Guerra, el luego famoso mienmano de Antonio Burgos al que zurró de lo lindo, literariamente claro, Manuel Barrios.
Antes de llegar los visitantes que se retrataban en un libro, eran «filtrados» por el asistente del asistente, Julián Parra, luego quiosquero de la ribera del Guadalquivir. En el despacho, destacaba un tresillo de escay rojo y dos sillones del mismo color y material. Una mesita baja de cristal, un fichero de chapa gris, un reloj de péndulo y las banderas española y andaluza completaban la decoración esencial de la habitación.
Desde el principio, aquel despacho fue el destino de una romería en la que procesionaron desde sindicalistas de la CGT hasta empresarios que protestaban por haber sido excluidos de algún proyecto; desde enfermos que intentaban y lograban disfrutar de operaciones gratuitas en el Servicio Andaluz de Salud hasta ex miembros de los GAL que intentaban evitar el cierre de un casino encubierto.
Recuerdo vivamente el caso de un aspirante a organizar un viaje en autobús a Roma para ver al Papa que quería que el hermanísimo le consiguiera los permisos que fueran necesarios para el porte aunque a cambio tuviera que depositar una cierta cantidad de dinero en billetes usados liados en un papel de periódico y "olvidado" oportunamente sobre una mesa.
En aquel habitáculo, Juan Guerra, aprovechando la presunta influencia de su poderoso hermano, urdió una trama de poder secundario de la que toda Andalucía era consciente, muy especialmente sus enemigos internos del PSOE. El temor de no pocos socialistas sevillanos se mezclaba con las sonrisas de adulación. Juan Guerra era el confidente de su hermano. Una información envenenada podía arruinar una carrera política.
El famoso libro de registro de visitas, un libro guadianesco, que aparecía en parte y desaparecía en parte, fue objeto de polémica política. Las visitas que se consignaron en los años descubiertos arrojaban un saldo casi enternecedor: hasta enterradores fueron a ver a Juan por un puesto de trabajo.
Pero, claro, ¿cómo podía disponerse de un despacho oficial en una delegación del gobierno de Andalucía sin autorización? Alguien tenía que haberlo autorizado, por ejemplo, los sucesivos delegados del gobierno y cómo no, el propio Alfonso Guerra. De haber dimitido entonces con la diligencia requerida, la historia de España y del PSOE podría ser muy otra en estos momentos. No lo hizo, aunque su caída se consumó al año siguiente.
De los tres delegados del gobierno que consintieron la presencia de Juan Guerra en el despacho de la Torre Sur, Tomas Azorín, Leocadio Marín y Alfonso Garrido, este último, por cierto uno de los primeros enchufados de la Junta en el paquete preautonómico, era el que más conocía realmente lo que había pasado y pasaba,, además del asistente de Alfonso Guerra, Fali Delgado. Pero todos se fueron de rositas en el entuerto.
No fue tampoco muy elegante que los Guerra acusaran a quienes denunciaban la corrupción y sus trapacerías de pretender «convencer al pueblo español de que sus gobernantes son poco menos que un grupo de delincuentes». Hombre, ¿qué si no, si se demostraban los hechos?
La teoría de la campaña conspirativa estaba en marcha y por primera vez se mencionaba la "presunción de culpabilidad" destilada por os infames periodistas. El vicepresidente, ya en coma político, afirmaba tener el orgullo de pertenecer a un partido "que combate con energía cualquier caso de corrupción o irregularidad". El tiempo ha triturado sus palabras.
El caso Guerra afectó a muchos, y, desde luego a la Junta de Andalucía. La administración autonómica se vio tocada por los flecos de este escándalo. Baste recordar la trama de Litomed, que hacía referencia al desvío de enfermos del Servicio Andaluz de Salud a una clínica privada, que cobraba a la sanidad pública tarifas muy superiores a las estipuladas.
Pedro Sanjosé, entonces director de la Oficina de Gestión y Demanda del SAS, tiró de la manta, al afirmar ante el juez, que un diez por ciento de las comisiones obtenidas en las contratas de la sanidad pública iban a parar al PSOE, afirmación atronadora de la que se desdijo acojonado después. Incluso estuvo implicado en el entuerto un entonces cuñado de José Antonio Griñán, Francisco Blanco Chacón. Luego todo fue archivado.
Otro asunto espinoso derivado del Caso Guerra fue la llamada "trama de las tragaperras". Esta vez se trataba de una empresa, propiedad de un íntimo amigo de Juan Guerra, Manuel Mora, que conseguía obtener de la Junta la concesión de 367 licencias de máquinas tragaperras. La adjudicación llegó poco antes, curiosamente, de que un cambio en la legislación permitiese que este tipo de máquinas, hasta entonces solo consentidas en salones recreativos, pudieran instalarse también en bares y cafeterías.
El escándalo, del que Juan Guerra salió ligeramente condenado, produjo la única detención del caso. El juez Márquez ordenaba la detención del entonces delegado de Gobernación en Sevilla, Francisco Morillo, como responsable de los hechos. Manuel Chaves, ya presidente de la Junta, tardó en admitir la evidencia y cesó "temporalmente" a Morillo de su cargo.
Como consecuencia de la instrucción del juez Ángel Márquez, Juan Guerra fue enjuiciado cinco veces, cuatro por tramas empresariales varias (Fracosur, Comasa y Litomed y Fridex) y asimismo por el uso irregular de un despacho de la Delegación del Gobierno.
Por este último asunto, la Audiencia de Sevilla lo condenó a un año y seis meses de cárcel pero luego el Tribunal Supremo lo absolvió. Eso sí, como recuerda ABC, fue gracias a este caso que el delito de tráfico de influencias, inexistente hasta entonces en el Código Penal español, fue tipificado como delito.
En realidad, Juan Guerra, como Al Capone, sólo fue condenado por un delito fiscal, un fraude de un cuarto de millón de euro actuales, pero no pagó nada porque se declaró insolvente. Nunca fue detenido y nunca pisó la cárcel.
El caso Guerra fue, eso sí, un importante motor de ateísmo político en un momento en que la honradez socialista se exhibía con fervor religioso y promovía el interés por el estudio de la historia, mucho menos honrada de lo que se presumía, del PSOE. Pero si se compara con lo que ha venido después, y, sobre todo, con el caso ERE o el fraude de la formación, el caso Guerra parece un entremés de aficionados y, desde luego, lo de tener dinero para "asá una vaca" quedó muy lejos de la realidad. Que se demostrara, claro.
Para el gacetillero que suscribe esta crónica, testigo de aquellos hechos, el caso Guerra fue una cascada de decepciones personales sucesivas, pero asimismo la valoración del periodismo veraz y la libertad de expresión como uno de los pilares de una democracia decente. Desde su estallido, han pasado 30 años y España ha entrado en una fase de peligro inminente. O sea, mucho no se ha conseguido.
La tela de araña tejida por estas prácticas nada ejemplares de un PSOE enfermo de poder fue muy espesa y pegajosa, pero la alternancia democrática se produjo finalmente en España y en Andalucía. Aun así, la esperanza está dañada, sobre todo, por el deterioro de la independencia del poder judicial y el control político de demasiados medios de comunicación y redes sociales. Sin ellos, la denuncia del abuso y el delito, y no digamos su condena, será imposible.