El Consorcio de Medio Ambiente de Estepa-Sierra Sur es un organismo de la Diputación de Sevilla participado por 17 municipios de la comarca. Pero como informó este jueves ABC, en sus instalaciones jamás se han tratado los residuos y basuras para evitar sus daños al medio ambiente, sino que se enterraban en una finca de olivos cercana.
Por si fuera poco, el secretario del Consorcio, José Antonio Mañas, secretario-interventor del Ayuntamiento de Algámitas gobernado por el PSOE desde 1979 y el jefe de la planta Manuel Ibáñez, crearon una empresa en Alicante que facturaba al Consorcio que ellos mismos dirigían por seleccionar y tratar las basuras, algo que nunca se hizo. También aparecen en sus actas los nombres de Carmen Cárdenas García y Antonia Moreno Verdugo.
Mañas e Ibáñez crearon el 31 de octubre de 2014 una empresa denominada Magno Ambiental del Levante dedicada al "servicio de recogida y transporte de residuos no peligrosos, la gestión de residuos y servicios de construcción y movimiento de tierras en general", así como al "suministro de materiales y la redacción de documentos ambientales y realización de trámites administrativos en materia ambiental".
Esto es, la empresa privada de ambos directivos del ente público de la Diputación tenía los mismos fines que el Consorcio que dirigían y cobraron durante más de cinco años un dinero por determinar por lo que nunca hicieron: tratar los residuos peligros para el medio ambiente.
ABC ha sabido, por un error cometido por los cómplices del negocio irregular, que Magno Ambiental del Levante era uno de los principales proveedores del Consorcio. El fallo consistió en consignar el nombre de la empresa en una relación de proveedores a los que la Diputación y su ente púbico debían diferentes pagos. De hecho, se apuntó que la deuda era de 40.474 euros.
Este error permitió indagar en la propiedad de la empresa y en cuál era el nombre de sus accionistas y administradores y entonces salieron a la luz los nombres de Manuel Ibáñez, jefe de la planta del Consorcio, y de José Antonio Mañas, secretario-interventor de Algámitas. Cuando a los pocos días, se trató de cambiar el documento en que aparecía la empresa de ambos, ya había ido investigada por algunos de los 17 alcaldes cuyos municipios formaban parte del Consorcio.
La mala voluntad de ambos cómplices es tan evidente que en el segundo documento que enviaron a los alcaldes ya no aparecía la deuda ni la empresa Magno Ambiental del Levante. Pero la investigación sobrevenida arrojó el escandaloso dato de que, en el presupuesto de 2020, el Consorcio de Medio Ambiente de Estepa-Sierra Sur incluye en su capítulo de "inversiones reales", al que destina 2.117.474 euros, una partida de 1.300.000 euros para Magno Ambiental del Levante y otras dos empresas, más de la mitad de todo el presupuesto previsto.
De este modo, los responsables del falto Consorcio ecologista de Estepa destinaban a su propia empresa la mayor parte del dinero destinado a inversiones. Pero hay más, que da una idea de la magnitud y la frondosidad del fraude organizado. Otra de las empresas beneficiadas es Excavaciones Manuel Guillén, cuyo administrador es Miguel Ángel Guillén, socio de Mañas en Magno Ambiental del Levante.
Antes de que la Policía termine la investigación ya se ha conocido la empresa de los responsables del Consorcio, Magno Ambiental del Levante, tiene su sede social en el número 7 de la calle Picasso de Benferri, una pequeña localidad de Alicante, y que no tiene actividad industrial.
En la empresa, participan los ya citados Mañas, Ibáñez y Guillén que a su vez son socios en otras empresas. Mañas, por ejemplo, participa en Construcciones y Proyectos La Roda de Andalucía SL, Estación de Servicio Alvis SL, Mspemasa SL, Promocañete SL, Smsgestión Venta Construcciones y Reformas Urbanísticas SL y Villas Del Santo Cristo SL.
La responsabilidad del PSOE es evidente, no sólo porque pusiera en marcha el Consorcio y porque personas próximas a su partido lo hayan dirigido desde hace 23 años, sino porque la Diputación de Sevilla, regida por el susanista Fernando Rodríguez Villalobos, que guarda silencio, aporta más de medio millón de euros anuales al ente público.
Aunque hay seis detenidos, el PSOE culpa al PP de querer tapar sus propios asuntos socios y habla de "infracción administrativa". Por ahora, siguen en sus cargos los dos detenidos que pertenecen al Consorcio y el ente no ha convocado siquiera una reunión de sus miembros. Tampoco se han pronunciado los 17 Ayuntamientos implicados que aportan una media de 100.000 euros anuales al Consorcio, entre ellos el Ayuntamiento de Marinaleda. El PP ya ha anunciado que va a personarse como acusación particular en el procedimiento iniciado.