Nadie que pretenda ser ecuánime puede dudar de que la herencia recibida por el gobierno andaluz que componen PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, es una losa pesada que ha impedido la convergencia de Andalucía con las regiones más venturosas de España y Europa. Pero casi ha pasado un año de aquellas elecciones de diciembre de 2018 y de que los Reyes Magos le trajeran a Juan Manuel Moreno la presidencia de la Junta de Andalucía, que ni siquiera había pedido en la carta a las Majestades.
La herencia recibida, sobre todo, se resume en cuatro paquetes: el paquete de un fracaso en la estrategia de desarrollo de Andalucía, el paquete de una mala gestión de los recursos y de los servicios públicos esenciales, el paquete del sectarismo ideológico y político que condujo a niveles de corrupción poco habituales y el paquete de control y usufructo de los medios de comunicación públicos además del mimo infatigable a los privados afines vía presupuestaria, licencias y concesiones varias.
Hasta ahora, el nuevo gobierno andaluz, cada vez menos nuevo, se ha afanado en airear de manera inmisericorde los desmanes y agujeros de la herencia recibida. Recuérdense los casos de las listas de espera sanitarias o el caso de las vacunas desaparecidas, por poner dos ejemplos preclaros, a los que hay que sumar el caso de las "cajas" (ficheros) fuertes, el caso de la cámara acorazada y otros asuntos convertidos, un tanto teatralmente, en martillo pilón de un PSOE andaluz desnortado por la sentencia de los ERE y la debilidad de su lideresa.
El último caso conocido es el de la "intervención" de las cuentas andaluzas que en realidad no es otra cosa que una aplicación abusiva de la ley vigente. Si es cierto que hubo un déficit incumplido en 2018, que lo hubo, aunque su responsable fuese la entonces consejera de Hacienda y hoy ministra, la reprobable María Jesús Montero, la ley es la ley. Otra cosa es que el gobierno de Pedro Sánchez quiera aprovechar esa ley para encorsetar al nuevo gobierno andaluz, impedir sus rebajas fiscales y de paso, torcer sus planes de financiación en los mercados nacionales e internacionales.
Otra cosa, además, es que se discrimine sin fundamento alguno a las comunidades, según sea su color político o su inclinación ideológica. Por enumerar algunos de los asuntos que este miércoles destaca El Mundo, este martes, Pedro Sánchez se puso de perfil con el AVE a Galicia, con la mejora del trasvase Tajo-Segura, con la solución de los problemas del Mar Menor, con la red ferroviaria de Castilla y León, con el agua necesaria en numerosas regiones y con otros muchos temas pendientes, mientras se admitía una relación "bilateral" con Quim Torra y los separatistas golpistas catalanes. Pero sobre esa "bilateralidad", extraña y enemiga de la Constitución, nadie dijo nada como tampoco nadie dice nada sobre la foralidad, por muy adicional que sea su constitucionalidad.
La defensa de Andalucía en el marco de la España cordial y común y de la equidad territorial no sólo pasa por el aireo de las herencias recibidas, ni siquiera, por la reacción ante los intentos de obstaculizar la labor del nuevo gobierno. La defensa de Andalucía es una estrategia de desarrollo económico, social y cultural en igualdad de condiciones con el resto de las comunidades autónomas de España y la restitución de unas condiciones que impidan que jamás en el futuro pueda un partido político erigirse en régimen hegemónico durante casi cuatro décadas.
Es evidente que la llamada "intervención", que lo es en cierto modo, es un tema relevante porque impide el desahogo económico al gobierno andaluz. Pero más grave es que el dinero de las liquidaciones pendientes del IVA, que en Andalucía asciende a más de 500 millones, esté en la caja del gobierno sin que haya modo de que llegue a sus destinatarios descuadrando presupuestos y prometiendo nuevos déficits "intervenibles".
Esto es, hay que pasar de la insistencia en las herencias recibidas a la coherencia de ir construyendo la herencia por legar. Hay que hablar de la educación andaluza, de la situación actual de la sanidad que hoy se debate en un pleno parlamentario, de la administración paralela y sus dineros, que superan con mucho los déficit y el IVA y que puede resolverse, de la composición regional de la comunicación y de muchas otras cosas.
Se trata de que el diferencial de paro con la media nacional vaya desapareciendo, de que la investigación científica vaya dando prestigio a las universidades, de que la administración pública sea profesional y políticamente neutral, de que las contrataciones y adjudicaciones sean ajustadas a la ley y no al dedo y de muchas otras cosas.
Y se trata, más que de ninguna otra cosa, de que Andalucía, en compañía de las regiones "de segunda" para los separatistas, hagan valer el poder que tienen para impedirle a Pedro Sánchez, si es que la trata de consumar, una estrategia de disolución de la unidad nacional, de la equidad territorial y la igualdad de los ciudadanos españoles vivan donde vivan y hayan nacido donde hayan nacido.
El mes de enero se cumplirá el primer año del gobierno andaluz. Es tiempo suficiente para que el pasado se quede en el pasado y el presente se convierta en trampolín para la dignidad y la prosperidad. Recuérdese que los votantes andaluces del "cambio" quieren un "cambio" real no más espectáculos demostrativos de lo dañinos que fueron los gobiernos anteriores. El futuro no puede ser sólo lo que ha sido, sino lo que se prometió.