Arrecia el temporal político sobre Susana Díaz con el caso de ERE de telón de fondo, pero tampoco escampa en Sanidad donde el caso de las vacunas desaparecidas ya ha llegado a la Fiscalía. Pero donde los truenos son más sonoros y la tormenta más espectacular, sigue siendo en el caso de los ERE que ha dejado al PSOE, según el PP, en "estado catatónico".
Por una parte, días antes de dejar la Junta el pasado 3 de enero, el gobierno de Susana Díaz mandó una carta al Tribunal de Cuentas con una denuncia acompañada de tres CD en los que reclamaba la devolución de ayudas sociolaborales "a 40 entidades" y otro con 10 pólizas individuales en favor de personas no acogidas a las ayudas de prejubilación, según informa El Mundo.
La denuncia se completa con un tercer CD con "70 expedientes" de ayudas articuladas mediante pólizas colectivas en las que existen personas que no han trabajado en las empresas autorizadas a la extinción de contratos mediante ERE o que no constan en los mismos", tal y como cuenta el diario de Unidad Editorial.
Por otra parte, La Razón ha recordado que, en el debate de los presupuestos de 2014, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, reprobada por la Cámara andaluza antes de las últimas elecciones generales, con el apoyo inestimable de la Izquierda Unida que hoy pide la reprobación de Susana Díaz, tumbó una propuesta del PP encaminada a la recuperación del dinero de los ERE fraudulentos.
Finalmente, de no ser por las actuaciones del Tribunal de Cuentas, el dinero de los ERE aún estaría más perdido. Ahora, este tribunal trata de recuperar 140 millones de euros contemplados en más de 60 piezas separadas que pueden ampliarse a cien más donde el Tribunal lucha con las prescripciones reglamentarias dado el tiempo transcurrido y con las trabas que los afectados ponen para pagar.
Aunque la defensa sistemática del PSOE andaluz es que siempre estuvo defendiendo los dineros púbicos de la Junta antes que a los implicados de su partido –algo que no creyó ni la Audiencia Provincial de Sevilla–, las pruebas en su contra se acumulan.
Ahora se ha sabido que no hace ni un año siquiera y casi diez años después de haberse iniciado la investigación judicial del caso ERE, la Junta remitió al Tribunal de Cuentas una carta fechada el 28 de diciembre de 2018 en respuesta a una petición del propio Tribunal de un año antes. Es decir, tardó un año en reunir la información solicitada por el órgano de control.
Como consecuencia, se han perdido irremediablemente 71 millones: 10,5 millones de euros de ayudas declaradas nulas por prescripción, otros 25 millones se dan por perdidos por insolvencia de sus beneficiarios y otros 35,5 millones de euros se pierden porque su reclamación no es procedente.
El Tribunal de Cuentas es quien puede ahora recuperar parte del dinero de los ERE. De las 60 piezas abiertas y tal vez en un centenar adicional, se pretende recuperar hasta 140 millones de euros. En las piezas que contemplan ayudas para planes de viabilidad de las empresas, hay sentencias para recuperar 10,1 millones habiéndose perdido 3,5 por prescripción.
En las ayudas sociolaborales a trabajadores, se tramitan 16 piezas y se quieren recuperar 35 millones reclamados por la Junta.
Más complicado es recuperar el dinero de las altísimas comisiones cobradas por los mediadores de las aseguradoras para pagar pólizas en el sistema ideado para el pago de los compromisos de los ERE. La Junta reclama por este concepto casi 65 millones de euros en diferentes piezas.
Tumbó una enmienda del PP para recuperar el dinero
Lo hizo en el marco del debate de presupuestos para 2014 y en su auxilio salió Izquierda Unida, entonces su coalición de gobierno y precisamente la que, ahora, de la mano de Podemos, pide la reprobación de la ex presidenta de la Junta por no ser diligente en el caso ERE.
PSOE e IU lograron tumbar la enmienda del PP a la totalidad de las cuentas públicas andaluzas que incluía una disposición adicional finalista que, cuenta La Razón, trataba de garantizar e incluir el cobro de las partidas defraudas en los ERE, abriendo la puerta a casos como el de los fondos de formación. De 102 votos, 55 fueron contra la enmienda popular y 47 a favor.
Luego, como ya es conocido, en 2016 la Junta se retiró del caso del procedimiento específico dando paso a la anulación de las fianzas impuestas a los procesados, cuya sentencia condenatoria se ha conocido recientemente pero que, debido a la ausencia de la Junta, no ha podido contemplar cantidades en concepto de responsabilidad civil que deben ser reclamadas ahora por la nueva Junta.