Los funcionarios exigen a la Junta que acabe con los comisionados elegidos "a dedo"

Los "renegados de bata blanca" son aquellos médicos y personal sanitario que están comisionados en los servicios de la Consejería de Salud y Familias o en el Servicio Andaluz de Salud. Igualmente, hay profesores que deberían estar en las aulas andaluzas pero que han encontrado acomodo en los despachos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Según los datos de la Junta, sólo en Sevilla hay 362. Serán miles cuando se informe de las demás provincias andaluzas.

Sobre la existencia, presencia y peso de una administración paralela impulsada por el PSOE andaluz desde la Junta de Andalucía, podría hacerse una hemeroteca completa con las declaraciones de muchos políticos y sindicalistas. Pero, ahora, de hecho, ni CCOO, ni UGT, ni CSIF ni PP ni Ciudadanos ni tampoco Vox, IU y PSOE, se han aprestado a resolver la gravísima irregularidad de la situación que trató de legalizar el gobierno de José Antonio Griñán, algo que fue apuntalado por los gobiernos de Susana Díaz.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) acusa al actual gobierno andaluz de tibieza ante el problema. Destaca que son miles de trabajadores que no tienen funciones y están mano sobre mano. Desde 2018, incluso han crecido en 1.330 mientras sólo hay 130 funcionarios de carrera nuevos. De esa manera, los gobiernos consiguen docilidad y ausencia de controles.

Ahora, se conoce algo más del caso de los "renegados" de bata blanca. El pasado mes de mayo, la Unión Provincial de Sevilla del Sindicato Andaluz de Funcionarios solicitó a la Consejería de Salud y Familias el listado del personal estatutario que aun estando destinado en centros sanitarios desempeña en realidad funciones administrativas tanto en los servicios centrales de la propia consejería como en los del Servicio Andaluz de Salud. Esto es, ocupan los puestos que deberían desempeñados por funcionarios aunque no lo son.

Por ello, el SAF cree que se produce "usurpación de funciones". La "usurpación" tiene como consecuencia que no se dotan con funcionarios las plazas oficialmente vacantes existiendo nada menos que un 42,7 por ciento de vacantes de personal funcionario en la Consejería y un 53 por ciento de vacantes de la misma índole en el Servicio Andaluz de Salud. Naturalmente, las vacantes no se cubren porque los "renegados" ocupan los puestos necesarios.

Ahora, la Consejería de Salud ha respondido a la petición de datos del Sindicato Andaluz de Funcionarios. El pasado día 27 de noviembre se informó al sindicato que existen 30 personas que deberían estar en centros sanitarios y sin embargo trabajan en los servicios centrales de la consejería y que hay 289 que trabajan en la administración del SAS. En total, 319.

Fuentes del SAF cuentan a La Razón que, en la Consejería de Salud, hay dos administrativos, diez técnicos, tres asesores, ocho médicos, un veterinario, un subinspector, una consejera técnica, un conductor, una enfermera y dos farmacéuticas que, estando destinados en centros sanitarios, trabajan en la Consejería desalojando a los funcionarios que deberían estar en tales puestos.

Igualmente, en el Servicio Andaluz de Salud, hay 68 de estos trabajadores (bien auxiliares administrativos, diplomados en enfermería, epidemiólogos, farmacéuticos, médicos o técnicos de distinto tipo) en la Dirección General de Asistencia Sanitaria; 78, en la Dirección General de Gestión Económica; 60 en la Dirección y Gerencia ,2 en la Intervención central y 81 en Dirección General de Personal.

El SAF ha respondido que, aunque la Junta explica que los señalados no ocupan puestos de funcionarios, lo cierto es que no se cubren las vacantes porque los trabajos son usurpados. Además, dicen que llevan años denunciando "la abusiva política de personal tanto de la Consejería de Salud como de la de Educación, al comisionar a cientos de profesionales de la sanidad y de la educación en puestos administrativos dentro de las consejerías para realizar labores que nada tienen que ver con sus perfiles profesionales".

Estas "comisiones de servicio" son habitualmente "concedidas 'a dedo' sin ningún tipo de regulación ni procedimiento para un personal que reniega de la tiza o de la bata blanca". Es más, es que sus puestos de origen son ocupados por "interinos" con doble costo para las cuentas públicas que se resolvería cubriendo las vacantes de funcionarios en sus estructuras de puestos de trabajo.

Respecto, al personal "renegado de la Tiza", según fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios, se ha certificado la presencia de 42 personal destinado a centros educativos que sin embargo trabajan en los servicios de la Delegación de Educación a los que habrá que sumar los que se encuentren en la propia Consejería, taponando de hecho las vacantes de funcionarios que deberían ser cubiertas.