Sabido es que la Cámara de Cuentas de Andalucía fiscaliza continuamente los diversos municipios, diputaciones, entes públicos, Consejerías e incluso la propia Junta de Andalucía. En sus informes señala las irregularidades o anomalías que encuentra y da recetas para corregirlas. Esta vez le ha tocado al Ayuntamiento de Cádiz, que ya tuvo una primera fiscalización en 1999, con un gobierno del PP.
El gobierno de José María González "Kichi" se ha apresurado en culpar a la Cámara de Cuentas por no haber auditado los 20 años del gobierno del PP, cosa que la Cámara no hace nunca porque fiscaliza ejercicios anuales. De paso, ha publicitado que el informe de la Cámara de Cuentas no encuentra más que unas cuantas anormalidades.
Se refiere de hecho a este párrafo del informe: "En nuestra opinión, excepto por los incumplimientos descritos en el epígrafe "Fundamento de la opinión de cumplimiento con salvedades", la actividad contractual y de convenios, desarrollada por el Ayuntamiento de Cádiz durante el ejercicio 2017 resulta conforme, en los aspectos significativos, con el marco normativo aplicable." Pero, claro, están las salvedades, que son muchas y variadas.
El informe de la Cámara habla de salvedades, que se componen de gran número de irregularidades que ha encontrado en el muestreo que analiza. En el caso de Cádiz, ha estudiado 23 de 98 expedientes de contratos mayores, 86 de 425 contratos menores y e convenios de 40 efectuados durante 2017, además de otros documentos.
Lo primero que destaca el informe y que no se sabía es que su alcalde, José María González, Kichi, es irresponsable de todo. ¿Cómo lo ha hecho? Pues decidiendo que las competencias en materia de contratación que la ley atribuye al alcalde hayan sido delegadas en la Junta de Gobierno local y en el teniente de Alcalde Delegado de Economía, Hacienda y Deuda.
De este modo, pase lo que pase y se descubra lo que se descubra, KIchi no podrá ser responsabilizado de su autoría. Es una manera de no quemarse en el cargo y descargar la responsabilidad sobre sus subordinados. Como no resulta creíble que el alcalde de Cádiz no tenga nada que ver con las contrataciones que su Ayuntamiento decide, parece evidente que la estrategia de Kichi es decidir, pero no responder del coste político de las decisiones.
O sea, que Kichi no es ni puede ser responsable de que el alumbrado público de la ciudad de Cádiz haya estado siendo pagado a una empresa sin mediar contrato con ella durante un año. Se contrató con ella un año, pero no se volvió a firmar al año siguiente. O sea, que durante 12 meses se estuvieron pagando facturas que no estaban sustentadas por un contrato. ¿Cómo es posible justificar algo así? Pues el montante fue de casi un millón de euros.
La Cámara de Cuentas lo cuenta de este modo: "El expediente Ref. CCA nº 5 del Anexo 1 "Servicio de conservación, mantenimiento y modificación de las instalaciones de alumbrado público y ornamental de la ciudad de Cádiz", se licita con fecha 6 de marzo de 2018, habiendo sido aprobados los pliegos por la Junta de Gobierno local en fecha 23 de noviembre de 2017. La adjudicación del mismo se produce el 15 de junio de 2018. El contrato anterior referido al mismo objeto finalizó en enero de 2016, sin que se llevaran a cabo las posibles prórrogas que estaban recogidas en el contrato. Desde esa fecha hasta la formalización del nuevo contrato (2 años y 7 meses), se han abonado las facturas referidas a la prestación de dicho servicio sin un soporte contractual."
En el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Cádiz de 2017, se dicen, además, estas cosas:
- El Ayuntamiento de Cádiz no remite en tiempo adecuado la relación de los contratos del año anterior.
- El Portal de Transparencia apenas le sirve porque no actualiza los contratos menores desde 2016.
- El Ayuntamiento contrata mediante el procedimiento negociado más de la mitad de los contratos mayores cuando es un procedimiento considerado excepcional y no es abierto para todos. O sea, puede manipular las contrataciones.
- Aunque se dice que se ha negociado con los proveedores de servicios, la negociación no consta.
- Se tramitan por vía de urgencia demasiados contratos sin que la urgencia esté justificada. Nuevo atajo para la manipulación interesada.
- El 81 por ciento de los contratos suscritos son contratos menores, pero el Ayuntamiento ha incurrido en fraccionamiento de contratos incumpliendo la ley para colarlos saltándose el procedimiento ordinario y dárselos a quiénes consideran oportuno.
- Además, la Cámara señala que se han licitado contratos con el mismo objeto por parte de las distintas Delegaciones dependientes del Ayuntamiento. O sea, se han duplicado.
- Además, no puede controlar los contratos por falta de personal, sea forzosa o decidida.
- Ni siquiera, con lo que presumen de ecologismo incluyen cláusulas ambientales para respeto del medio ambiente.
Pero, de todo ello, el alcalde, González, "Kichi", no quiere ser responsable.