Andalucía: calma chicha entre enchufados, chiringuitos y chorizos

Es evidente que la pata de Ciudadanos en la mesa del gobierno andaluz "del cambio" ha quedado coja tras el batacazo electoral, pero, como ha sido compensada por el crecimiento de Vox y PP, la calma, por ahora, es chicha. Pero es sabido también que, después de toda calma, llega una tempestad. De momento, el mapa de isobaras señala turbulencias en el PSOE de Susana Díaz, que no cesan.

Juan Marín, cabeza visible de Ciudadanos en Andalucía, ha descartado totalmente la propuesta de su compañero de partido en Castilla León, Francisco Igea, de entregar los gobiernos de Castilla León y Andalucía al PSOE a cambio de que Pedro Sánchez renuncie a un gobierno de coalición con Podemos. Eso sí, insinuó que el PP debería meditar sobre una abstención en caso necesario.

O sea, que el temporal sigue en el PSOE. Políticamente, Susana Díaz no deja totalmente aclarado su apoyo al gobierno de coalición, que ella rechazó en 2016, y el PSOE andaluz dice no tener dudas de que Pedro Sánchez recabará el apoyo de los partidos constitucionalistas. Pero, ¿cabe ese apoyo para un gobierno ya precipitadamente cohechado con Podemos y negociado con separatistas de todo pelaje?

El escándalo de la Faffe

Cuando aún se tienen que determinar las nuevas comparecencias en la Comisión de Investigación de la Faffe, si es que decide recibir las citaciones, de Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Susana Díaz y María Jesús Montero, entre otros, los datos sobre el enchufismo en la Faffe son más que escandalosos, sencillamente vergonzosos.

Se ha sabido gracias a El Mundo que el exalcalde de Lebrija, prohombre socialista desde hace más de 30 años y uno de los 200 enchufados comprobados por la Guardia Civil, Antonio Torres García no sólo cobró más de medio millón de euros de la Faffe sin ir siquiera a trabajar ni tener mesa de trabajo. Además, la fundación le pagó más de 1.000 euros como ayuda para que se matriculara en un Máster de Experto Universitario en Comunicación Institucional y Márketing Político. Y, por si fuera poco, se ha sabido que ha habido años, por ejemplo 2010, en que cobró más dinero (72.000 euros) que el propio presidente de la Junta. Nadie duda de que la Comisión de Investigación va a ser una feria.

Torres García recibió el dinero desde 2003, año inicial de la Faffe y tras dejar de ser alcalde de Lebrija, hasta la disolución del Ente, y luego pasó con todos los empleados a ser empleado público de la Junta de Andalucía, gracias a la reordenación organizada por el ex presidente Griñán.

Un chiringuito entre muchos

La Faffe era uno de los muchos chiringuitos que el PSOE erigió en la Junta de Andalucía y donde llegaron a trabajar más de 30.000 personas. Ayer, Juan Marín, vicepresidente de la Junta, describió la tela de araña tejida paralelamente desde los gobiernos socialistas.

Fíjense cómo ha sido descrito el entramado: 278 chiringuitos institucionales cada cual con su plantilla de personal que nadie sabe cómo entró; sistemas de gestión bien diferentes en recursos humanos (31); en asuntos económicos-financieros (38 sistemas distintos), salarios desiguales para iguales puestos; 4.000 empleados contratados temporales en fraude de ley e incluso seguros de vida y sanitarios privados incluidos en convenios que no tienen reconocidos los funcionarios reglados de la Junta. Todo ello cuesta 1.200 millones de euros al año con más de 30 conflictos laborales en los juzgados.

Juan Marín ha concluido que hay que eliminar más de 40% de todo este tinglado en 2020, al menos, dos agencias, 77 consorcios, 16 fundaciones y cuatro sociedades mercantiles. Veremos.

La Junta escondió pruebas

Por si fuera poco, sale a la luz gracias a ABC que una de las pruebas claves que implicaba a Gaspar Zarrías en el juicio de los ERE nunca llegó al tribunal porque la Junta gobernada por Susana Díaz se cuidó muy mucho de que el documento no llegara a manos de los magistrados encabezados por Juan Antonio Calle que tienen que dictar la sentencia.

El documento que nunca llegó a facilitar la Junta es el convenio firmado el 2 de diciembre de 1999 por Zarrías, que ni siquiera era el consejero de Empleo, convenio que anticipaba a la empresa Campocarne Andalucía S.A., filial regional de Campofrío, una subvención de 2,83 millones de euros (471 millones de pesetas) para crear empleo y reflotar Hijos de Andrés Molina S.A. (Hamsa), (Cárnicas Molina) la fábrica de chorizos de Jaén donde tuvo su origen el caso ERE.

Días después, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego agencia IDEA, formalizó ante un notario la concesión de un préstamo a Campocarne por importe de 5,83 millones de euros (970 millones de pesetas) para comprar la fábrica de procesado de carne Hamsa, operación autorizada por el Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves.