Se sabía desde hace más de un mes que sería a mediados de octubre cuando los inspectores designados por el Consejo General del Poder Judicial comenzaran su labor de examen de la conducta judicial de la magistrada María Núñez Bolaños. Era la consecuencia de la queja formal de seis fiscales anticorrupción de Sevilla y su corroboración con denuncia oficial por el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. Pero la inspección derivada de tales quejas comenzará formalmente este martes y puede durar cuatro días.
La juez Núñez Bolaños, que sigue de baja desde principios de septiembre, esto es, mes y medio, no estará seguramente presente en la inspección que tratará de esclarecer si en la instrucción que sigue su juzgado de instrucción número 6 de Sevilla sobre diferentes macrocausas se han producido las circunstancias anómalas denunciadas por la Fiscalía.
Diario de Sevilla, que ha dado noticia de la presencia de estos inspectores en Sevilla, indica que la inspección está dirigida por el magistrado Francisco Segura Sancho, que, desde el pasado 28 de febrero por el Pleno del CGPJ es inspector delegado del Servicio de Inspección en la jurisdicción penal. Este servicio está compuesto por cuatro jueces y dos secretarios judiciales, ahora Letrados de la Administración de Justicia.
Francisco Segura, juez desde 1990, ha sido presidente de la Audiencia de Lérida desde 2006 hasta su nombramiento como inspector. Además de juez, es fiscal en excedencia y secretario judicial por oposición, donde igualmente está en situación de excedencia. Se supone, por su trayectoria, que tiene experiencia sobrada en la comprobación y el control de funcionamiento de los juzgados.
Su informe será determinante para que se pronuncie sobre la juez Núñez Bolaños y su actividad instructora de los macrocasos de corrupción el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, el magistrado Ricardo Conde, que aún no ha tomado, razonablemente, determinación alguna.
Recuérdese que puede desde rechazar las quejas de la Fiscalía y archivar el caso hasta separar a la juez Bolaños de la carrera judicial, además de otras decisiones intermedias, siempre tras la apertura de un expediente disciplinario.
Recuérdese que la Fiscalía Anticorrupción, tras una primera etapa que pareció de colaboración con la sustituta de la juez Alaya con la que acordaron, por ejemplo, trocear el caso ERE y el caso de la Formación, comenzó a hacer cada vez más visible sus discrepancias con la juez.
Uno de los argumentos contundentes expuestos por la Fiscalía y que resume el grupo Joly, no sospechoso en absoluto de hostilidad hacia la magistrada, en su información es que la juez Bolaños "sólo ha dictado cinco autos de procedimiento de las 182 diligencias de investigación que se han incoado desde 2016, lo que supone un 2,7% del total, mientras que ha dictado 48 autos de archivo (26,4%) y otras 129 piezas están "en trámite o se han acumulado a otros procedimientos".
De hecho, fueron cada vez más frecuentes los reproches a la juez: por su tardanza en instruir, por una desatención a las diligencias pedidas por el Ministerio Público, por el peligro de impunidad en algunas causas, por archivos injustificados, por desimputaciones sucesivas de ex altos cargos y por el riesgo de prescripción de otras causas.
Tras un último archivo el pasado mes de junio, no justificado ni para la Fiscalía ni para el PP, del caso Avales, uno de los muchos que componen los macrocasos de corrupción, los seis fiscales anticorrupción elevaron su escrito haciendo un recordatorio y un memorial de todos sus enfrentamientos con la juez. Con ello, trataban de que se dirigiera una queja contra la juez ante el Consejo General del Poder Judicial o ante el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía.
Tras la queja de los seis fiscales, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, presentó denuncia ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ contraMaría Núñez Bolaños, por considerarla responsable de una falta, muy grave o grave, en relación a su actuación en el caso de los ERE, el caso Avales y el caso Idea. La Fiscalía valoraba que la situación procesal de estas causas se veía afectada por la desatención y retraso injustificado en su tramitación y resolución, con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia.
Tómese nota de que el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla como falta muy grave "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales".
Además, por otra parte, el artículo 418.11 recoge como falta grave "el retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función, si no constituye falta muy grave".
La Fiscalía Anticorrupción ha considerado responsable a la juez Bolaños de hacer imposible proceder en los términos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la práctica de las actuaciones en orden al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de la responsabilidad de los partícipes, favoreciéndose con todo ello que el ejercicio de la acción penal no alcance sus objetivos. Es lo que se trata de dilucidad con la inspección del juzgado que comienza este martes.