¿Cómo se puede llegar a tener en situación ilegal a casi el 10 por ciento del parque de viviendas de una comunidad autónoma como Andalucía? Es la pregunta del momento, aunque no nueva. Muchos han denunciado la situación, el PP entre ellos. Incluso Greenpeace publicó incluso un documento sobre la ilegalidad de la vivienda en la España costera donde Andalucía ya salía malparada como líder de la irregularidad.
Según la propia Junta de Andalucía con base en el censo de población y vivienda de 2011, el último conocido, Andalucía es la comunidad autónoma española con mayor número de edificios (2.025.881) y de viviendas familiares (4.353.146), representando el 20,7% y el 17,3% del total nacional respectivamente, según los primeros resultados básicos obtenidos de los Censos 2011 que publica el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Pues casi 330.000 viviendas, y aún no se tienen los datos completos según la Junta, están en situación de ilegalidad.
Ayer, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, compareció junto a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, para dar cuenta de la aprobación del decreto ley que quiere regular el trato a las viviendas irregulares.
No es una amnistía para las "ilegales", pero…
Carazo quiso dejar claro que lo aprobado ayer no es una "amnistía", lo que situaría en un plano de igualdad jurídica a quienes han seguido los trámites legales, han respetado los planes de urbanismo , han pagado sus impuestos y demás requisitos habituales para poder construir una casa con quienes no lo hicieron por diferentes razones.
No lo es, dijo, porque se intensifica la acción inspectora y sancionadora, pero se ha ampliado, ya desde mayo, la declaración de viviendas asimiladas fuera de ordenación (AFO), que no es una legalización sino el reconocimiento de que hay viviendas irregulares a las que no se puede forzar a restablecer la legalidad porque sus infracciones y/o delitos han prescrito. A estos propietarios se les permitirá acceder al Registro de la Propiedad y a los servicios básicos (agua, electricidad, saneamiento y obras de conservación y mantenimiento).
Hasta ahora, la Junta, en manos del PSOE, no admitía la declaración de AF a las edificaciones aisladas en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable y también en las edificaciones situadas dentro de asentamientos (grupos de edificaciones). Para resolver la situación, se tenía que esperar a la aprobación del planeamiento general y también del plan especial o plan parcial que lo desarrollase para poder acceder a los servicios básicos.
El nuevo decreto permite el acceso al AFO a cualquier edificación irregular, aunque con algunas excepciones, como las viviendas que están aún en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia. Tampoco podrán acogerse al decreto ley las viviendas que se asienten sobre suelos de especial protección.
Igualmente, con el fin de agilizar los procedimientos, a partir de este nuevo decreto ley, todo municipio podrá formular, de manera inmediata, un plan especial para una agrupación de viviendas concretas, al margen de su Plan General de Ordenamiento Urbanístico, lo tengan o no, sin tener que esperar hasta los casi 11 años de media, si se tiene en cuenta los planes especiales. Con esta medida se reduce a un plazo de entre 12 y 18 meses con ayuda de los Ayuntamientos.
Estas agrupaciones ilegales de carácter urbano podrán ser incorporadas por los Ayuntamientos a los planes generales por lo que deberán prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.
Como es bien conocido, la consecuencia de estas centenas de miles de ilegalidades es que muchas de estas viviendas construidas de modo irregular y fuera de todo ordenamiento no cuentan con infraestructuras para los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad, por lo que no tienen garantizadas las condiciones mínimas de seguridad y salubridad requeridas para su habitabilidad.
Además, sufren riesgos para la seguridad y salubridad de la población afectada, derivados de la localización en zonas con riesgos naturales y del autoabastecimiento de agua en suelos contaminados por la falta de saneamiento y depuración de las residuales, recoge Europa Press.
Según ha expuesto la consejera, el decreto ley pone el acento en dos cuestiones, como son la protección ambiental y la simplificación de los procesos, y ha explicado que el objetivo principal es mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de las agrupaciones de viviendas irregulares.
Breve historia de una amnistía ¿encubierta?
Hay muchas zonas de Andalucía en las que, durante la etapa socialista de gobierno desde 1982, se ha construido sin licencia y sin previsión de servicios. La Junta de Andalucía, con los sucesivos gobiernos socialistas de fondo, es, pues, responsable de haber consentido la construcción de más de 300.000 casas irregulares. Sin embargo, pasaron 30 años para que el PSOE, tras infinitas denuncias, se propusiera en 2010 elaborar un "inventario" de construcciones en suelo no urbanizable.
Nada se hizo pues hasta la etapa de gobierno de José Antonio Griñán que se propuso ser "generoso" con ellas. Se trataba de regularizar cuando fuese posible –antes de las elecciones andaluzas de 2012 donde la figura de Javier Arenas amenazaba la continuidad del PSOE en San Telmo, parecía un buen momento–, y prometió no permitir que se levantase ni un inmueble más sin control.
Pero, claro, ¿y la ley?, ¿y las normas? Los que respetaron las leyes y no construyeron, ¿verían sin protestar cómo quienes no las cumplieron resultaban beneficiados por sus irregularidades? ¿Qué harían las Fiscalías? ¿Borrón y cuenta nueva?
La maniobra se contempló en un nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística, donde se dijo que había que "proporcionar soluciones útiles en la práctica y afrontar la regulación de problemas con un tratamiento generoso". La voluntad de regularizar lo que ya había sido construido, siempre con la condición de que los propietarios pagasen las cargas oportunas, estaba emparejada en la normativa prevista con un control férreo de las nuevas infracciones. Era el intento de hacer borrón y cuenta nueva.
Esta propuesta del gobierno Griñán consiguió el acuerdo de alcaldes, académicos, arquitectos y expertos en una jornada técnica sobre la Regularización Urbanística en Andalucía, organizada en el Ayuntamiento de Chiclana, un municipio gaditano regido en su mayor parte de la historia democrática por el PSOE y donde se habían contabilizado nada menos que 40.000 viviendas ilegales.
En aquel momento, el alcalde chiclanero, José María Román (PSOE), ante un aforo de 200 profesionales reunidos en el Hotel Meliá Sancti Petri, quería abrir un proceso para regularizar más de 10.500 casas fuera de control, descontrol del que había sido responsable el propio Ayuntamiento, además de la Junta.
Aunque se amenazaba con derribos exprés, en un mes, desde 2010, la existencia ya entonces de alrededor de 300.000 viviendas irregulares en Andalucía, impedía considerar derribos generalizados sino de estudiar el modo de integrarlas, previo pago "flexible" de las cargas oportunas y siempre que no estuviesen en lugares peligrosos o contrarios al medio ambiente.
Que "la regularización no va a ser una amnistía urbanística", lo repitió una y otra vez el PSOE sentenció el delegado de Obras Públicas en la provincia, Pablo Lorenzo. Para alcanzar este objetivo, la Junta promovía la aplicación de los planes municipales de inspección, otras de las herramientas más importantes del nuevo reglamento. Pero finalmente poco se hizo.
Ahora lo trata de afrontar el nuevo gobierno de PP y Ciudadanos. El problema ético y político es que si triunfa la máxima "construye como sea que algo queda" o, formulada de otra manera, "el incumplidor nunca pierde", ¿para qué sirve cumplir la ley?