La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la juez María Núñez Bolaños, está de baja de nuevo. Ya lo estuvo en junio de 2018. Ahora, ha vuelto a presentar su baja nada más terminar el período inhábil de los juzgados que es el mes de agosto. De este modo, casi concatena su baja del servicio entre el 18 de junio y el 17 de julio de este año, las vacaciones y desde este martes, una nueva baja, desconociéndose otra vez sus motivos.
Se ha conocido la circunstancia porque, expone Europa Press, la magistrada debería haber estado presente este martes en una sesión de instrucción con las partes personadas en una pieza separada de la macrocausa de los ERE referente a las ayudas concedidas a la empresa Linares Motor, pero al haber presentado su baja, sin que hayan transcendido las causas exactas de la misma, su responsabilidad lo ha desempeñado el magistrado José Ignacio Vilaplana.
El Mundo añade que, debido a la ausencia de la juez, su juez de refuerzo tuvo que tomar declaración inesperadamente a 11 personas en dos piezas separadas de los ERE y en la de Santana Motor en una jornada maratoniana en el juzgado.
Como el pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera que, en principio, ante una baja como esta no se nombrará sustituto y la titularidad del juzgado lo asume el juez de refuerzo.
Inevitablemente hay que recordar que un día después de darse de baja el pasado mes de junio de este año, loe seis fiscales anticorrupción de Sevilla alzaron una queja sobre el comportamiento de la juez al Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, que, a su vez, elevó la denuncia ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el "retraso injustificado" en la tramitación de las piezas separadas del caso ERE así como en el caso Avales y en el caso IDEA.
El Ministerio Público ha considerado que la juez podría haber incurrido en una falta grave o muy grave ya que "la situación procesal de estas causas se ve afectada por la desatención y retraso injustificado en su tramitación y resolución, con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia".
"La Fiscalía Anticorrupción considera que por este motivo está resultando imposible proceder en los términos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la práctica de las actuaciones en orden al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de la responsabilidad de los partícipes, favoreciéndose con todo ello que el ejercicio de la acción penal no alcance sus objetivos", expone en un comunicado.
De otro lado, cabe apuntar que varios magistrados de la Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla expresaron el pasado 5 de julio su "apoyo y afecto", a la juez Núñez, tras esta denuncia presentada por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ.
La magistrada, que sustituyó en el Juzgado número 6 a Mercedes Alaya en 2015, está a cargo de la investigación sobre los ERE presuntamente irregulares, que ha estructurado en más de una docena de piezas separadas, pero asume asimismo otras causas de corrupción como las mencionadas Avales e IDEA.
Tampoco puede olvidarse que se está a la espera de la sentencia de la sala de la Audiencia de Sevilla que enjuició desde diciembre de 2017 a diciembre de 2018 a los 21 procesados por la pieza política de los ERE, centrada en el procedimiento utilizado para conceder irregularmente, según las acusaciones, ayudas sociolaborales. Entre ellos, fueron enjuiciados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto al núcleo rector de la Junta durante más de 10 años.