Batalla político-judicial por la listeriosis: cruce de denuncias y querellas

Cuando aún no se puede dar por cerrado el caso de la infección causado por la bacteria Listeria monocytogenes debido al largo período de incubación que puede llegar a los 70 días y cuando todavía no hay un informe oficial definitivo sobre este grave caso que ha afectado a dos centenares largos de personas, los juzgados ya han recibido siete denuncias y una querella. De todas estas acciones, sólo dos han sido interpuestas directamente por afectados.

Ni siquiera está aún claro si se han encontrado todos los posibles focos de infección ya que al menos hay un caso, recogido por ABC, donde una persona infectada no ha consumido siquiera carne mechada ni otros productos considerados oficialmente infectados. Ni siquiera ha quedado confirmado que la comercializadora Martínez León, señalada como responsable de usar los productos de Magrudis como marca blanca, tenga algo que ver con el brote contaminante.

Sin embargo, con fundamento exclusivo en los indicios, ya hay ocho acciones judiciales propuestas por diferentes actores de este inesperado incidente sanitario veraniego que ha tenido una repercusión negativa sobre la imagen de Andalucía y su oferta culinaria, base con las condiciones climáticas, de sus importantes ingresos turísticos.

Tras el fondo de todo este movimiento judicial no es difícil ver una intencionalidad política clara salvo en los dos casos en que son las familias afectadas las que han iniciado los procedimientos.

En el caso de la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla, conocido es el interés mutuo por delimitar de quién ha sido la responsabilidad última de las malas prácticas que han conducido a la presencia de la bacteria en los alimentos de Magrudis.

En el caso de la asociación Facua, cuyo tinte comunista fue advertido ya por los gobiernos de Manuel Chaves que intentaron limitar sus subvenciones, su interés por responsabilizar del brote a la administración andaluza regida ahora por PP y Ciudadanos, ha sido evidente, como lo es la acción impulsada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad, cuyo responsable, Jesús Candel, ha expresado una y otra vez su creciente hostilidad hacia el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla.

Según Diario de Sevilla, que las ha clasificado, en la Fiscalía de Sevilla se han presentado ya tres denuncias –dos de la Consejería de Salud de la Junta y una tercera del Ayuntamiento de Sevilla–, y la Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto unas diligencias de investigación tras la denuncia presentada por la Asociación Defensor del Paciente.

La primera denuncia de la Junta pide que se investigue la actuación de la empresa Comercial Martínez León por si comercializó carne mechada de Magrudis, sometiéndola a un envase diferente en el que no se anunciaba el proveedor del producto. La otra denuncia de la Consejería de Salud pide que se investigue la conducta de la empresa ante las inspecciones dado que no informó de todos los productos comercializados desde Magrudis.

Además, el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha abierto diligencias por dos denuncias de afectados y, además, se ha recibido una querella de Facua, que ya veremos a qué juzgado corresponde en el reparto. Facua, además, ya ha anunciado que va a ejercer la acusación particular en todo el caso y representa a los familiares de una de las tres víctimas mortales.

Por si fuera poco, Jesús Candel y su Asociación por la Defensa de la Sanidad ha anunciado la presentación de una querella contra el consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre Muñoz; contra Miguel Moreno Verdugo, director gerente del Servicio Andaluz de Salud; contra Regina Serrano, delegada territorial de Salud y Familias de Sevilla; contra Juan Manuel Flores Cordero, teniente de alcalde delegado del Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla. Además, acusan a los propietarios de Magrudis: Sandro José Marín y a Antonio y Domingo Martínez León.

Naturalmente, todas estas acciones deberán ir confluyendo hacia un único juzgado de instrucción, probablemente el juzgado de instrucción número 10 de Sevilla, por haber sido el primero en abrir diligencias. Las acciones de la Fiscalía confluirán asimismo en el juzgado que finalmente sea el encargado de instruir el caso, a menos que la macrocausa acabe en la Audiencia Nacional por el número de afectados y que no todos ellos residen en Sevilla ni en Andalucía.

El Ayuntamiento de Sevilla, competente en las inspecciones sanitarias de los establecimientos afectados, denunció el pasado día 28 en la Fiscalía que existían indicios suficientes de que Magrudis no había facilitado la información exigida para que la alerta sanitaria fuera bien definida por haber ocultado listados de distribución y comercialización necesarios para la investigación.

Todas estas denuncias ante la Fiscalía, sumadas a la recibida por la Fiscalía Superior de Andalucía, deberían unificarse en el juzgado que finalmente sea encargado del caso si se descarta la instancia de la Audiencia Nacional.

Si es invocado un presunto delito contra la salud pública, habrá que contemplar el artículo 363 del Código Penal que dice lo que sigue:

Serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de tres a seis años los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores:

1. Ofreciendo en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición.

2. Fabricando o vendiendo bebidas o comestibles destinados al consumo público y nocivos para la salud.

3. Traficando con géneros corrompidos.

4. Elaborando productos cuyo uso no se halle autorizado y sea perjudicial para la salud, o comerciando con ellos.

5. Ocultando o sustrayendo efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados, para comerciar con ellos.