Juan Manuel Moreno y Juan Marín, líderes del PP andaluz y de Ciudadanos, además de presidente y vicepresidente de la Junta respectivamente, aprovecharon ayer el balance de los seis primeros meses de gobierno del cambio para subrayar la "estabilidad" valorada en España que proporciona su gobierno y para arrinconar aún más a una Susana Díaz cuyo liderazgo ya es abiertamente cuestionado tras la "purga" de leales que se ha concretado, destacadamente, en la caída de su portavoz parlamentario, Mario Jiménez.
No es ya que algún miembro de la familia de Jiménez, uno de sus hermanos, haya hablado claramente de "deslealtad" de Susana Díaz hacia su hermano, sino que, de la decena de "pretorianos" que fueron estudiados por Libertad Digital hace años y que la acompañaron en la aventura del asalto a Ferraz de 2016, apenas quedan unos pocos en posiciones de influencia real.
Hay quien ha interpretado lo ocurrido como una metamorfosis política de tal envergadura que considera que Susana Díaz quiere ser la mejor y primera "sanchista" de Andalucía arrojando por el precipicio a sus más cercanos colaboradores del "golpe de partido" que echó a Pedro Sánchez. Recuérdese su llamativa presencia en las tribunas del Congreso durante el reciente debate de investidura.
Ha sido en estas circunstancias cuando Juan Manuel Moreno y Juan Marín han terminado de cargar contra la gestión de Susana Díaz en la Junta, arma que les ha dado muchos triunfos en los pasados seis meses. Recuérdese el escándalo de las listas de espera en Salud, manipuladas por la anterior Junta, o sus omisiones en lo referido a Dependencia y a los dineros perdidos.
Precisamente ayer el nuevo gobierno ha propuesto, según Europa Press, un "Plan Confianza" para "poner orden" en la Administración autonómica y "sacar del limbo" un total de 8.655 millones de euros de derechos pendientes de cobro y subvenciones pendientes de justificar, si bien avisa de que "3.400 millones se pueden perder por caos organizativo y la falta de gestión" de los anteriores gobiernos del PSOE-A.
Los datos, no nuevos, impresionan cuando son puestos en relación uno tras otro. Según ha concretado Moreno, al cierre de 2018, "la Junta acumulaba 4.665 millones en derechos pendientes de cobro y otros 3.990 millones de subvenciones pendientes de justificar", lo que eleva a 8.655 millones la cantidad que "está en el limbo", que supone "una cuarta parte del Presupuesto anual de la comunidad autónoma".
La puesta en marcha del Plan Confianza ha exigido crear un equipo de cinco funcionarios de la Consejería de Hacienda "para analizar la situación de esos fondos y recuperar lo que se pueda", una tarea difícil dado que "muchas de estas deudas tienen más de 30 años o incluso más" y todo por la "indolencia e incapacidad" del PSOE-A.
Lamentablemente, subrayó Moreno, hay una parte "irrecuperable" de ese total. 3.400 millones de euros perdidos ya han prescrito. De ellos, 1.500 millones están pendientes de cobro, pero con más de seis años de antigüedad y 1.900 millones de libramientos de pago están sin justificar fuera de plazo. Por tanto, "se pierden un total de 3.400 millones por el caos organizativo y por falta de gestión de los anteriores gobiernos".
Los misterios y penumbras de la Junta de Susana Díaz
Además, Moreno denunció la existencia de "zonas de penumbra dentro de la propia administración autonómica" que siguen siendo un misterio sin resolver para el nuevo gobierno de PP y Ciudadanos.
Por ejemplo, no se conoce el número de solares que tiene la Junta de Andalucía o cuáles son los bienes de su parque móvil. Seis meses después de la llegada del nuevo gobierno, aún no se conocen esos datos. Parece, dijo Moreno, que hubiera "un diseño intencionado para que hubiera la máxima opacidad posible" porque ningún dato estaba contabilizado y uno actuaba sin que el de al lado "supiera nada".
Juan Marín no quiso confirmar si se han encontrado situaciones que puedan ser objeto de acciones legales, pero ha anunciado que se han solicitado informes jurídicos para ver "si podemos iniciar acciones "para reclamar responsabilidades" ante los casos de "menoscabo" de fondos públicos en decisiones de los anteriores gobiernos socialistas que han afectado al metro de Sevilla o al Caso Nevada.
De hecho, ayer mismo el nuevo gobierno tuvo que aprobar el gasto de 164.724.866 euros por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Aopja), dependiente de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, para hacer frente al pago de la sentencia por los sobrecostes incurridos por el retraso en la ejecución de las obras de la Línea 1 del Metro de Sevilla.
Fue el pasado 25 de marzo cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla declaró firme la sentencia número 86/15 de 16 de abril de 2015 que reconoce el abono por parte de la Administración de 126.846.435 euros como consecuencia de los sobrecostes originados por el retraso en la ejecución del contrato imputable a la Administración más los intereses legales, 37 millones, lo que eleva el quebranto a casi 165 millones de euros.
Otra zona de penumbra es la financiación autonómica, cuyas bases fueron consensuadas en el Parlamento andaluz por el PSOE y los demás grupos y de la que sin embargo nada se sabe. Por ello, ayer mismo, poco después del fracaso de su investidura, Juanma Moreno Bonilla cargó además contra Pedro Sánchez. Tras una fase de comedimiento y lealtad institucional, Moreno ha pasado a liderar el frente por la nueva financiación autonómica que impulsó la propia Susana Díaz que tiene las manos atadas en el tema.
De momento, Moreno recordó a Sánchez de retener 400 millones de euros correspondientes a Andalucía debido a la liquidación del IVA. La excusa de que Sánchez preside un gobierno en funciones no satisface a Moreno que dijo que si está en funciones para unas cosas también debería estarlo para "coger el Falcon" –el avión oficial–, para seguir en el palacio de La Moncloa o veranear en Doñana.
Andalucía, añadió Moreno, no va a renunciar a los 4.000 millones en los que ha cifrado su déficit de financiación en la etapa de Susana Díaz y Mariano Rajoy.
El PSOE critica la inacción, la propaganda... y Vox
Pero no lo ha hecho la propia Susana Díaz sino su portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Ramírez de Arellano, criticando que "el liderazgo de gobierno en Andalucía es del PP-A", que actúa como "árbitro entre Cs y Vox" a su derecha "e imponiendo su estilo característico de no hacer nada, de propaganda e insistir en lemas que le convienen desde la inacción, la inactividad y la alta de estabilidad", mientras la formación de Juan Marín "se abraza a esa estrategia como mero acompañante".
Ramírez de Arellano ha realzado la figura de Juan Manuel Moreno atizando claramente a Juan Marín y a Ciudadanos. Según él, en estos primeros meses de Gobierno de PP-A y Cs y así lo recoge Europa Press, ha quedado claro que "quien verdaderamente lleva el Gobierno, la gestión del día a día" es el PP-A desde la Presidencia y la Consejería de Presidencia, además de áreas como Hacienda o Salud, "desde donde imponen su estilo característico, abrazado por su socio de gobierno Cs como normal y sometido a una profunda crisis de identidad por su giro muy fuerte a la derecha, incluso a la derecha del PP".
Según el PSOE, el actual Gobierno andaluz, desde el "estilo del PP y de Rajoy", sólo hablan de la herencia recibida en la estrategia de "no hacer nada", de manera que "da pena ver el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y auténtico rubor los órdenes del día del Consejo de Gobierno semana tras semana".
Además, ha incidido en la "influencia decisiva de la extrema derecha en la acción de gobierno, como hemos visto en el presupuesto y en determinados discursos, muy grave en el de igualdad y la lucha contra la violencia de género".
Ramírez de Arellano ha subrayado la situación de un gobierno "con constantes ceses y dimisiones" y también continuos cambios de estructura, "que reflejan la realidad de inestabilidad en el Ejecutivo de la Junta a pesar del lema de estabilidad que quieren dar PP-A y Cs".