La Audiencia de Sevilla corrige por enésima vez a la juez Bolaños, que vuelve de su baja

La juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Ángeles Núñez Bolaños, ha sido dada de alta tras un mes de ausencia de sus dependencias y volvió este martes al juzgado a preparar sus alegaciones ante el Consejo General del Poder Judicial, tras la denuncia de los seis fiscales anticorrupción que intervienen en los macrocasos de corrupción.

Pero su vuelta se ha encontrado con otro tropiezo. Tras los sucesivos reveses judiciales, con la máxima jerarquía de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia de Sevilla, ha sido de nuevo esta última la que ha corregido una de las actuaciones de la magistrada. Se trata de los dos despachos de la Junta precintados por la juez Alaya y custodiados por la Guardia Civil donde se agrupaban los miles de expedientes del fraude de la formación.

Estos dos despachos fueron desprecintados por Bolaños poco después de archivar la causa política del fraude de la formación, sin esperar a resolver los recursos presentados sobre su decisión y permitiendo a la Junta entrar en los despachos y disponer a su antojo y sin vigilancia policial de los contenidos de los archivos.

Pero a su vuelta al juzgado, la magistrada se ha encontrado con que la Audiencia Provincial de Sevilla ha recuperado la decisión de la juez Alaya de precintar y vigilar los dos despachos de la Junta que contienen –aunque ya no es posible certificarlo–, la documentación original e intacta del caso del fraude de la formación.

ABC recuerda que esta es otra rectificación más que recibe la juez Bolaños, que vuelve al juzgado con el objetivo de preparar debidamente sus alegaciones ante el Consejo General del Poder Judicial porque está en juego no sólo una multa sino un posible apartamiento de la carrera judicial debido a su anómala forma de instruir, su animadversión hacia el PP, acusación particular, y su propensión a favorecer los intereses de los ex altos cargos socialistas y los demás implicados.

Recuérdese que llegó a decir en uno de sus autos que muchas de las personas y particulares imputados en el caso ERE "lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas víctimas", lo que contribuyó aún más a aumentar el grado de confusión que afectaba a un caso donde, tras el troceo ordenado del sumario, se archivaron tres decenas largas de piezas y se ralentizaba la instrucción de más del centenar y medio de piezas separadas.

Esta nueva corrección de la Audiencia a la instrucción de la juez Bolaños es una consecuencia de la reciente reapertura forzosa de la causa política del caso del fraude de la formación, sobreseído por la magistrada hace casi tres años, en octubre de 2016. Responde al recurso del PP ante el desprecintado de los dos despachos situados en las dependencias de la Junta a que nos hemos referido.

Caso Aljaraque: a juicio con jurado

La localidad onubense de Aljaraque sufrió uno de los casos más bochornosos de soborno político descarado perpetrado presuntamente por el presidente de la Diputación de Huelva, el socialista Ignacio Caraballo, del sector susanista y compañero sentimental Maite Jiménez, hermana del portavoz parlamentario de la Cámara andaluza, Mario Jiménez.

Tras su reciente reelección como presidente de la institución provincial, Caraballo deberá afrontar el juicio, con jurado, por su presunto soborno a dos concejales podemitas del ayuntamiento de Aljaraque para impedir el gobierno del ganador de las elecciones, que fue el PP y que, inicialmente, contaba con el apoyo de los ediles de Podemos. Tras el supuesto delito, la alcaldía terminó en manos del PSOE.

Relata El Mundo que el Juzgado de Instrucción 1 de Huelva le ha citado, junto al resto de investigados, el próximo 13 de septiembre a una comparecencia en la que se concretarán sus imputaciones y arrancará formalmente el proceso de enjuiciamiento según la Ley del Jurado.

Caraballo logró evitar su dimisión al ser imputado a punto de juicio oral según los Estatutos del PSOE y evitar el procesamiento en plena campaña electoral con un recurso ante la Audiencia pero ahora la Audiencia de Huelva ha desestimado su iniciativa para verse libre de cargos en el procedimiento. Tras ello, la juez María José Fernández ha citado a Ignacio Caraballo, a los concejales Pedro Escalante y Francisco Martín, al sindicalista de CCOO José Luis Rodríguez y al director de recursos humanos de la empresa Aguas de Huelva, José Manuel Márquez Rivas.

Tras el auto de la Audiencia onubense, que entiende que la investigación no está agotada y que era correcto proceder a incoar el procedimiento del Tribunal del Jurado dando así la razón a la juez instructora que contempla los delitos de cohecho y de tráfico de influencia para los participantes en los hechos ocurridos en 2016, consistentes en la compra de dos concejales pertenecientes a uno de los grupos vinculados a Podemos.

En caso de que el juicio oral con jurado se fije, Ignacio Caraballo deberá dimitir de su actuar cargo de presidente de la Diputación y de su papel interno de secretario general del PSOE de Huelva, abriendo así otro flanco al susanismo en Andalucía y debilitando a su portavoz parlamentario Mario Jiménez.

El bochornoso soborno de Aljaraque

A finales de 2016, el PP, que había ganado las elecciones en el pueblo, presentaba una moción de censura contra la mala gestión de la alcaldesa socialista del pueblo onubense de Aljaraque, Yolanda Rubio, apoyada hasta entonces por un pacto PSOE-IU-Podemos.

Pero Podemos apoyó la moción del PP, lo que motivó un terremoto en el PSOE y en Podemos, en el que Rafael Mayoral criticó expresamente la decisión adoptada en un "pueblo perdido de Huelva". Finalmente, la moción de censura no pudo triunfar porque, nadie sabía cómo, los ediles de Podemos volvieron al redil y dieron el gobierno a la socialista Yolanda Rubio.

En febrero de 2017, empezó a sospecharse por las pruebas disponibles que se había fraguado un soborno a espaldas de los ciudadanos según el cual los concejales de Podemos renunciaron a apoyar la moción de censura contra la alcaldesa a cambio de que uno de ellos lograse que su mujer, PSOE de por medio, fuese contratada en una empresa pública, Aguas de Huelva.

Se supo porque un simpatizante de Podemos destapó que el intermediario de la operación fue un sindicalista de Comisiones Obreras, José Luis Rodríguez Vega, y que el hombre en la sombra del enjuague podría ser el socialista Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación de Huelva.

Es más, una grabación, que había llegado a los medios de comunicación y pidió el juzgado de Huelva que entiende en el caso, confirmó la operación para mantener en la alcaldía a Yolanda Rubio.

En aquellas grabaciones se decía que la propia mujer del concejal sobornado de "no debe saber nada y hacen las gestiones con el gerente de Aguas de Huelva, dando previamente su autorización Ignacio Caraballo". Además, el sindicalista amenazó a quienes tuvieran la tentación de hablar y confesaba que se dedicaba a estos menesteres desde hacía muchos años.