La AIReF alerta sobre el impacto de los impagos de Sánchez a las renovables
- Fecha:
- 2025-03-20
- Hora:
- 06:24:45
- Firma:
- Diego Sánchez de la Cruz
Próximamente se conocerán nuevas sentencias que afectan a grandes corporaciones japonesas que invirtieron en España.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo encargado de velar por la salud de las cuentas públicas del Reino de España, ha publicado su informe anual sobre los riesgos fiscales que enfrenta nuestro país de cara a 2025. En dicho documento se reitera la preocupación del ente supervisor ante el impacto económico derivado de los litigios internacionales que España ha perdido en relación con el recorte retroactivo de las primas renovables.
El citado documento recuerda al gobierno y a la opinión pública que "siguen abiertos los litigios de las energías renovables" y señala que, aunque muchos de estos arbitrajes internacionales "han sido recurridos, la cuantía de condena de los laudos desfavorables para España se sitúa ya en torno a los 1.241 millones de euros". Además, la AIReF estima que los intereses y las costas procesales podrían alcanzar los 170 millones adicionales, mientras que las indemnizaciones pendientes de pago podrían ascender a otros 330 millones. En total, hasta 1.769 millones.
Estas cifras han sido revisadas recientemente, al conocerse distintas condenas que elevan el dato de las indemnizaciones pendientes de pago hasta los 1.478 millones. Las empresas afectadas señalan asimismo que los intereses de demora y las costas procesales se pueden cuantificar cerca de los 358 millones, mientras que el coste total de los laudos que aún no se conocen dependerá en gran medida de las decisiones referidas a los litigios iniciados por las corporaciones japonesas Mitsui e Itochu, cuya resolución se dará a conocer próximamente.
Este conflicto legal se remonta a la serie de recortes retroactivos que los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy impusieron por las vías fiscal y regulatoria a la rentabilidad ofrecida a las inversiones en energías renovables, una decisión que vulneró los principios de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. Como consecuencia, numerosas compañías, que habían invertido más de 70.000 millones de euros en el desarrollo de infraestructuras de energía eólica o solar, acudieron a tribunales de arbitraje internacionales para reclamar las debidas indemnizaciones y compensaciones al Estado español.
A lo largo de los últimos años, numerosas instancias judiciales han fallado a favor de las empresas afectadas, entre ellas los tribunales de arbitraje de La Haya y del Banco Mundial. De hecho, el incumplimiento de los laudos diseñado por el gobierno de Pedro Sánchez y su ex vicepresidenta Teresa Ribera ha motivado distintos embargos de activos del Estado español en Bélgica y el Reino Unido, mientras que los más altos tribunales de Australia y Estados Unidos han emitido resoluciones favorables a los demandantes.
Fuentes cercanas a las empresas afectadas por los impagos del gobierno de Pedro Sánchez apuntan que "próximamente se esperan nuevos anuncios sobre la evolución de estos laudos y sus implicaciones económicas, lo que mantendrá esta cuestión como un foco de incertidumbre en las cuentas públicas del país". Las empresas que sufrieron estos recortes retroactivos incluyen a gigantes del sector como NextEra, E.ON, EDF.
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