La desaforada reacción catalanista ante las detenciones de varios sujetos de los CDR no es más que un episodio, otro, del blanqueo de la violencia del proceso.
Y si se trata de que en política no se puede mentir, a ver cómo explican en el partido de Rivera a los votantes madrileños su alianza estratégica con los podemitas, que no conocen la verdad.
En Andalucía está en cuestión la prevaricación de facto que acometen las instituciones públicas socialistas con una programación cultural en la que priman los intereses ideológicos sobre los estrictamente artísticos.
Buena parte de lo sucedido es responsabilidad de nuestro Gobierno, que ha dejado en manos de los jueces, incluidos los extranjeros, un asunto que debía ser el único relevante de su agenda.