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El abogado Argote advierte a Zapatero de que la petición de indulto para Vera es un “acto político”

La carta a El País ha surtido efecto. Jorge Argote, abogado de Interior en época de González, ya ha presentado la solicitud de indulto para Vera y Rodríguez Colorado. Argote ha advertido al Gobierno de que la decisión es "política" más que jurídica. Desde el PSOE se limitan a decir que es "comprensible desde el punto de vista humano" que González, Corcuera y  Barrionuevo hayan pedido el indulto. Alfonso Guerra ha prometido un artículo "en un periódico" en el que explicará su postura al respecto.

L D (Agencias) El PP considera que "la inmensa mayoría de los ciudadanos" no está de acuerdo con que se conceda el indulto total al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, condenado a siete años de prisión el caso de los "fondos reservados".

Así lo afirmó el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, en relación con la solicitud de indulto que han dirigido al Gobierno el ex presidente del Gobierno Felipe González y los ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera. Zaplana, en conferencia de prensa en el Congreso, se mostró convencido de que no existe respaldo social a esa petición a la vista de la causa por la que fueron condenados Vera y el ex director general de la Policía José María Rodríguez-Colorado, para quien también se solicita el indulto.

En su opinión, "si la condena hubiera sido por otros motivos distintos, se podría abrir un debate en el que se podrían mantener posiciones razonables a favor y en contra". "Pero en este caso", prosiguió el portavoz del grupo popular, "el objeto de la condena no es precisamente por una cuestión de servicio público al Estado".

En el Congreso de los Diputados y a preguntas de los periodistas, Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno y presidente de la Fundación Pablo Iglesias, dijo que el apoyo al indulto es un asunto que había que "explicarlo mucho más lentamente que en un momento, en un aquí te pillo y aquí te mato", pero se comprometió a dar su opinión próximamente "y por escrito". Guerra no quiso avanzar nada y, preguntado poco después por la agencia Europa Press, indicó que su opinión por escrito la publicará, seguramente, "en un periódico".

"Mandatarios verbales" de Vera

La solicitud de perdón por parte de González, Barrionuevo y Corcuera llega después de que el Tribunal Supremo ratificara el fallo de la Audiencia de Madrid que condenaba a Vera y a Rodríguez Colorado a siete y seis años de prisión, respectivamente, por lucrarse con fondos reservados. El ex presidente y los ex ministros destacan en la petición de indulto para el ex secretario de Estado Rafael Vera y el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado, presentada este martes, los "meritorios servicios" a la democracia de ambos.

González, Barrionuevo y Corcuera, en el escrito dirigido al ministro de Justicia "como mandatarios verbales" de Vera y Rodríguez Colorado, expresan su respeto por las sentencias y manifiestan "su apoyo a la gestión realizada por las dos personas indicadas al frente de sus respectivas responsabilidades políticas". El escrito resalta "sus meritorios servicios al Estado y a la Democracia con total entrega y riesgo de sus personas". Los tres firmantes de la petición consideran que "son muy especiales y suficientes las razones de justicia y equidad para otorgarles la gracia solicitada" de indulto total, tanto de las penas principales como de las accesorias.

Jorge Argote presenta la solicitud de indulto

Agregan que "en caso de que se fueran produciendo sucesivamente adhesiones a esta petición de indulto se irán presentando para su incorporación al expediente correspondiente". El escrito fue registrado este mediodía en el Ministerio de Justicia por el abogado Jorge Argote, que insistió, en declaraciones a los periodistas, que la petición de indulto "es un acto político dirigido al Gobierno de la Nación por lo que entraña una decisión política aunque tenga consecuencias jurídicas". Argote recordó también que la ley establece la obligación de resolver el expediente de petición de indulto a la mayor brevedad posible.

Argote fue el primer abogado de Amedo y Domínguez, acusados de practicar la guerra sucia contra ETA. Ha sido imputado en el sumario que investigó el posible uso irregular de los Fondos Reservados, debido a la procedencia de sus minutas como abogado de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y como asesor del Ministerio de Interior. También fue el abogado de la mayoría de los implicados en el caso Lasa-Zabala, dentro del caso GAL. El propio Argote fue procesado por el entonces juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, en un auto dictado el 27 de mayo de 1996, en el que era acusado de encubrimiento de los hechos, confirmado por la Audiencia Nacional el 2 de octubre del mismo año.

IU cree que Ibarra ha cometido un delito

El coordinador general de IU en Extremadura, Víctor Casco, ha acusado al secretario general de los socialistas extremeños y presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de cometer un "claro acto delictivo" al afirmar que tiene datos que no ha hecho públicos sobre la autoría de los GAL. Sobre la carta publicada la semana pasada por el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, Rodríguez Ibarra afirmó ayer que "es posible" que a lo mejor sepa algo sobre la autoría de los GAL y que en este asunto se siente como un "sacerdote" que no puede hacer nada para evitar que alguien que considera inocente vaya a la cárcel.

En rueda de prensa, Víctor Casco consideró estas declaraciones "gravísimas", ya que recordó que "la ley dice que si alguien conoce que se ha cometido un crimen y quién es el culpable y no lo denuncia, realiza obstruccionismo ante la justicia y en segundo lugar es cómplice". Por su parte, el PP de Extremadura, a través de sus miembros José Antonio Monago, Tomás Martín Tamayo y Javier Casado, pidió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) la apertura de diligencias previas al objeto de que se tome declaración a Ibarra, para que explique aquellos hechos de los que tenga conocimiento y que puedan afectar a la responsabilidad penal de quienes aparecen como responsables de los crímenes del GAL y para que aporte cuántas pruebas tenga en apoyo a sus afirmaciones.

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