(Libertad Digital) El jefe interino de la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias, en el cargo desde junio de 2004, ha confirmado durante su comparecencia que ya en principios de febrero de 2003, el día 10, sus agentes recibieron información de un preso de la cárcel de Villabona que les trasladó que Toro y Trashorras tenían en su poder cerca de 150 kilos de explosivos. Diecisiete días después, esa misma información también le llegó por otra vía: en una nota informativa de la UCO elaborada con datos aportados por el confidente Zouhier. Pese a que había dos pistas diferentes, Aldea ha insistido en que no existían esos 150 kilos de explosivos.
En contra de lo que sostuvo también en la comisión el coronel Hernando, jefe de la UCO y hombre de Vera, Aldea ha negado que existiera “mercado negro ni tráfico de explosivos”. A su juicio, el “soplo” recibido sólo respondía a una estrategia para perjudicar a Toro y Trashorras. El jefe de la Guardia Civil de Asturias ha descartado cualquier responsabilidad del Instituto Armado y ha culpado de la desaparición de la dinamita empleada el 11-M al escaso control de las minas asturianas, un "hecho puntual" atribuible a deficiencias en el "control interno" de la Mina Conchita.
Pero no sólo ha desmentido al coronel Hernando sino que ha hecho lo mismo con la Fiscalía de Avilés. Aunque ha explicado que “nunca he acusado a la Fiscalía de parar las investigaciones de la trama de Avilés”, ha apuntado que fueron los fiscales los que limitaron la investigación al dar por insuficiente “lo obtenido hasta el momento”.
Preguntado cuándo relaciona la “trama de Avilés”, que había investigado superficialmente un año antes, con el atentado del 11-M, Aldea ha explicado que se produjo inmediatamente, “a los dos o tres días, cuando sale a relucir el nombre de Trashorras y el de Toro”.