LD (Agencias) El fiscal considera que los hechos de los que se acusa a Botín y a sus dos ex directivos "no son constitutivos de infracción penal" por lo que "procede la libre absolución de los acusados con declaración de las costas de oficio y levantamiento de las medidas cautelares adoptadas".
Al no haber existido delito, el fiscal tampoco considera que haya ningún tipo de responsabilidad civil derivada del mismo, por lo que pide en su escrito de conclusiones provisionales el levantamiento de las medidas cautelares dictadas contra los tres directivos, esto es, la devolución de la fianza, por valor de 164 millones de euros depositada por Botín a petición de la juez instructora, Teresa Palacios.
En su escrito, al que ha tenido acceso la agencia de noticias Europa Press, el fiscal refleja el contenido del artículo 37 de los Estatutos del SCH, que regula la retribución de los miembros del Consejo de Administración. La norma señala que los consejeros obtendrán una cantidad equivalente al cinco por ciento de los beneficios anuales, que se puede reducir si se considera justificado, así como la posibilidad de percibir otro tipo de remuneraciones como derechos de opción sobre acciones o por sus actividades en la entidad distintas a las de consejeros.
Sin la acusación del Fiscal, sólo acusarán Franco Otegui y Pérez Escolar
Al no existir acusación del fiscal, los imputados sólo deberán hacer frente a las peticiones de las acusaciones particulares, que ejercen el accionista minoritario Juan Francisco Franco Otegui y el ex banquero condenado en el “caso Banesto”, Rafael Pérez Escolar.
Estas acusaciones solicitan 12 años de cárcel para Botín y 8 años para los otros dos acusados, en el caso de que sean encontrados culpables de apropiación indebida, o bien 6 años para el presidente del SCH y 4 años para Amusátegui y Corcóstegui, si se les condena por un delito de administración desleal, además de multas millonarias y su inhabilitación para ejercer como administradores en cualquier entidad mercantil.
El origen del caso está en una querella de Pérez Escolar y Franco Otegui
El caso de las jubilaciones comenzó cuando se conoció que Amusátegui y Corcóstegui cobraron sendas indemnizaciones de 43,7 y 108 millones de euros, respectivamente, al abandonar la entidad a mediados del 2001 el primero y a principios de 2002, el segundo.
El caso de las jubilaciones comenzó cuando se conoció que Amusátegui y Corcóstegui cobraron sendas indemnizaciones de 43,7 y 108 millones de euros, respectivamente, al abandonar la entidad a mediados del 2001 el primero y a principios de 2002, el segundo.
Los accionistas del banco Rafael Pérez Escolar y Francisco Franco Otegui presentaron una querella contra Corcóstegui, Amusátegui y Botín por considerar que recibieron las mencionadas indemnizaciones al dejar la entidad "para dejar el campo libre a Botín".