(Libertad Digital) El PP de Getafe ha anunciado que presentará una querella contra la edil de Obras y Servicios del Ayuntamiento, la socialista Cristina González, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de las obras y explotación de un aparcamiento de 461 plazas a su marido.
De hecho, según los populares, esta operación urbanística podría suponer un beneficio aproximado de 3,5 millones de euros para los gestores y concesionarios de este parking. Incluso, estudian si esta denuncia podría ampliarse también al regidor, Pedro Castro, que también ostenta el cargo de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Asimismo, 24 horas después de hacerse públicos los hechos "ni la edil, ni el alcalde Pedro Castro, ni ningún miembro del Gobierno municipal han dado la cara ante los ciudadanos ni han dado explicaciones sobre esta presunta corrupción urbanística", ha explicado José Luis Vicente Palencia, portavoz de Urbanismo del PP de Getafe.
"Denunciamos el silencio cómplice del alcalde y del Gobierno municipal y nos preguntamos por qué no ha dimitido ya la concejala, por qué nadie ha dicho nada sobre esta más que sospechosa adjudicación, y por qué han eliminado de la página web del Ayuntamiento toda referencia al Plan municipal de aparcamientos, sinceramente, queremos preguntarle al alcalde, qué tiene que ocultar", señaló el portavoz popular.
De este modo, los hechos se remontan al 12 de julio de 2007, cuando la Junta de Gobierno local adjudicó a Jilguero 2005, Sociedad Cooperativa Madrileña, la concesión de obra pública por 40 años de un aparcamiento subterráneo para vehículos de residentes. La plica correspondiente a esta empresa estaba suscrita por José Miguel Vieito Aguado, marido de la concejala Cristina González.
El pasado 23 de abril de 2009 la propia Junta de Gobierno, modificó el pliego de condiciones y el contrato de adjudicación de esta concesión, ampliando el plazo de 40 a 60 años y el plazo de construcción de dicho aparcamiento, llegando a consentir que se inicien las obras de la segunda fase en 2011.
En ambos casos, la edil Cristina González votó afirmativamente a la adjudicación y a la modificación del contrato para la construcción y explotación de este aparcamiento, vulnerando gravemente la Ley de Contratos, que establece como sanción el cese inmediato en sus responsabilidades del funcionario o cargo público.
Igualmente, en la Junta de Gobierno de 14 de mayo de 2009 se retiraron todos los puntos sobre concesión de aval a esta empresa, como una manera de solucionar los graves problemas económicos que atraviesa, que hace que este aparcamiento se encuentre parado y los vecinos no puedan recuperar su dinero. Casualmente, en esta junta de Gobierno ya no votó la edil.
Palencia indicó que "desde el PP consideramos que podemos suponer que desde el Ayuntamiento se generó todo un entramado de empresas y personas para hacerse con la adjudicación de la mayoría de las plazas del Plan de aparcamientos municipales, y no descartamos que más personas vinculadas al PSOE de Getafe estuvieran implicados en otras adjudicaciones de este plan".