L D (Europa Press) Según informó en nota de prensa la Asociación Foro Ciudad Real en Libertad, esta resolución judicial se suma a los casi 130 autos y sentencias favorables a los padres objetores de toda España. En Castilla-La Mancha ya se han dictado medidas cautelares favorables a la objeción en las cinco provincias, amparando a un total de 128 niños.
"Todo ello se produce a pesar de que el pasado mes de septiembre el fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó una instrucción por la que ordenaba a los fiscales de los juzgados de esta Comunidad Autónoma oponerse a las demandas formuladas en relación con la objeción de conciencia, oponerse a las peticiones de los padres en relación con las peticiones de medidas cautelares, y recurrir aquellas decisiones judiciales que fueran contrarias a la decisión del Ministerio Fiscal", lamentaron.
El contencioso iniciado por estas tres familias ciudadrealeñas se está tramitando por la vía especial de protección de derechos fundamentales, explicaron desde la Asociación ciudadrealeña.
En los fundamentos de derecho, el juez admite los argumentos de las letradas de las familias, Elena Gómez y Carmen Carrión, aceptando que "el interés público también está en la garantía de los derechos de los ciudadanos cuando estos entienden que se vulneran sus derechos fundamentales".
En Ciudad Real, los padres que se oponen a la imposición de esta "Educación para la Ciudadanía" han presentado ya, o ultiman en estos días, recursos contencioso-administrativo que afectan a unos 80 niños y a unas 45 familias. La mayor parte de ellos se están acogiendo a la vía especial de protección de derechos fundamentales, solicitando medidas cautelares como las concedidas a estas cuatro niñas, apuntaron desde el Foro Ciudad Real en Libertad.
Las objeciones de conciencia frente a EpC presentadas en toda España superan las 45.000, de las cuales más de 9.000 corresponden a Castilla-La Mancha y de ellas 650 a Ciudad Real. Por último, la asociación Foro Ciudad Real en Libertad señaló que espera, "desde hace cinco meses", que el presidente regional José María Barreda reciba y escuche a los padres objetores "y que nuestros responsables políticos que cumplan y hagan cumplir la Constitución, respetando el derecho de los ciudadanos a la libertad ideológica, religiosa y educativa".