El titular del Juzgado número 36 de Madrid ha ordenado ejecutar la sentencia que obliga a la empresa Mediapro a pagar 104 millones de euros a Audiovisual Sport (AVS), y la devolución a ésta de los derechos televisivos de los clubes de fútbol de primera y de segunda división.
La noticia la adelantó, con júbilo, el diario El País en su edición digital y este viernes se hacen eco de ella diarios como El Economista. El juzgado, en un auto fechado el pasado día 21, ha pedido además la relación de bienes y derechos de Mediapro.
Además, el titular del juzgado ha solicitado a Mediapro que entregue a AVS los contratos del Valencia, el Levante, el Villareal y el Barcelona. El juez, según El País, pide además a Mediapro que comunique a otros clubes, como Real Madrid o el Sevilla, la cesión de sus derechos audiovisuales a favor de Audiovisual Sport.
El auto, según cuenta El Economista, también decreta el embargo de las participaciones de Mediapro en sociedades como Gol TV y GAMP, que controla La Sexta, y sus cuentas corrientes y derechos de crédito.
Un nuevo capítulo de la larga guerra del fútbol
La empresa Mediaproducción SL -perteneciente al grupo de empresas de Mediapro- pidió el pasado día 16 la apertura de un concurso de acreedores, similar a la antigua suspensión de pagos, y acusó a Sogecable de un "grave" incumplimiento contractual al no cumplir sus obligaciones de pago.
El pasado mes de marzo, el juzgado número 36 de Madrid condenó a Mediapro a pagar 97 millones de euros, más siete de intereses, a AVS por los daños causados desde el inicio de la temporada futbolística 2006-07, en lo que se conoció como la "guerra del fútbol" entre los dos grupos.
El citado juzgado estimó íntegramente la demanda presentada en julio de 2007 por la empresa Audiovisual Sport (empresa participada al 80 por ciento por Sogecable) contra Mediapro por incumplimiento contractual, pero la sentencia no es firme y está recurrida.
Sogecable debe por su parte abonar a Mediapro 90 millones de euros correspondientes al primer pago de los derechos de la temporada de fútbol 2010-2011, pero se dirigió a esta empresa para reclamar un aval bancario que garantice el pago del dinero previsto en la sentencia dictada por el Juzgado número 36 de Madrid en marzo.