La Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles, por tres votos a favor y dos en contra, el dictamen que considera constitucional el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado por el Gobierno y recomienda que los padres sean informados cuando sus hijas menores de edad soliciten abortar, aunque no sea necesario su consentimiento.
Según informaron fuentes del Consejo, el informe, preceptivo pero no vinculante, ha sufrido algunas modificaciones de "carácter técnico" respecto al original presentado por la ponente, Margarita Uría. El texto será debatido el próximo 23 de julio en el pleno del CGPJ, en el que podría sufrir de nuevo algún cambio o incluso ser rechazado.
Por el momento, recibió el aval de la Comisión gracias al apoyo de la propia Uría, y los dos vocales progresistas, José Manuel Gómez Benítez y Margarita Robles, frente al voto en contra de los vocales designados a propuesta del PP Concepción Espejel y Claro José Fernández.
Precisamente este último vocal fue el ponente de un informe inicial que apuntaba que diferentes aspectos de la ley presentan problemas de encaje constitucional. Su dictamen fue rechazado en una sesión anterior de la Comisión de Estudios, en el que se designó ponente a Uría.
El informe de Claro José Fernández ponía en serias dificultades la ley de Zapatero, ya que dudaba de su constitucionalidad. Las líneas maestras que la ministra Bibiana Aído ha impreso al anteproyecto, que sitúan al aborto como derecho, libre hasta la semana 14 y sin autorización paterna a partir de los 16 años eran planteadas como anticonstitucionales.