LD (Pedro de Tena) Lo cuenta este viernes el diario ABC. Marín ya fue imputado en su día por el caso Guerra. Por entonces, el juez Cano Barrero utilizó la jurisprudencia -entre ellas la sentencia 17/1990 sobre el denominado caso Barreiros- para destruir la presunción de inocencia y considera que los imputados -los ex delegados del gobierno en Andalucía, Tomás Azorín y Leocadio Marín, Alfonso Garrido y el ex secretario general del vicepresidente, Rafal Delgado, asistente de Alfonso Guerra, fueron responsables de haber dejado utilizar un despacho a Juan Guerra en las dependencias oficiales.
Ahora, el juzgado de instrucción de Baeza ha imputado al alcalde, Leocadio Marín, como responsable a nivel indiciario de un delito de encubrimiento por silenciar el presunto robo de varias puertas de gran valor de las casas consistoriales altas de la ciudad. El hurto fue perpetrado, según el auto del juez Antonio Luis Latorre, por Luis Carlos García, que es, según afirma el concejal del PP Andrés Blázquez Lechuga, que representa a la acusación popular, presidente de la sociedad mixta Ferias Jaén. La imputación abarca al concejal de obras del Ayuntamiento baezano, Bartolomé Cruz, y a un agente de la policía local.
Las puertas tienen un grado de protección integral al hallarse instaladas en inmuebles incluidos en el catálogo urbanístico de bienes protegidos del centro de Baeza, ciudad patrimonio de la humanidad. Las casas consistoriales altas, monumento al que pertenecían, es un edificio construido en el siglo XVI. El juez considera probado que Luis Carlos García Sánchez fracturó el vallado exterior del acceso al monumento y, una vez en su interior, se apoderó de una puerta de forja compuesta por 2 hojas con parte superior de barrotes coronadas a los lados por sendos escudos de Baeza, una parte inferior de madera y dos puertas de cuarterones situadas detrás. También le acusa de apropiarse de la puerta de madera originariamente situada junto a las escaleras del inmueble.
El juez considera que García procedió a cortar y retirar la primera fila superior de cuarterones de las 2 puertas situadas detrás de los barrotes de la puerta de forja, a fin de adaptar las mismas a las dimensiones de los marcos de 2 habitaciones de una vivienda de su propiedad en la calle Cipriano Alhambra, de Baeza, donde la instaló. Sostiene que aplicó tintes a la puerta y destruyó parte de la estructura, que sustituyó por un nuevo material.
El papelón de Marín
En cuanto a la presunta responsabilidad del alcalde, el juez entiende que Marín tuvo conocimiento en una fecha indeterminada de enero de 2008 de que el inmueble propiedad de Luis Carlos García Sánchez se encontraba una de las puertas de las casas. Ambos, según el juez, acordaron que la puerta se depositase en los almacenes.
Marín habló con el concejal de obras, Bartolomé Cruz, para que gestionase la entrega. Éste se comunicó entonces con el encargado de los almacenes para que abrieran fuera de horario. Hasta ellos se desplazó un familiar de Luis Carlos García con una furgoneta en la que transportaba la puerta. El juez deduce que existen indicios que acusan a Leocadio Marín y a Bartolomé Cruz de que, aunque conocían la existencia de una investigación policial por la desaparición de la puerta, así como la identidad de la persona que la depositó en los almacenes, omitieron estos detalles a la policía local y a la Guardia Civil.
Ahora, el juzgado de instrucción de Baeza ha imputado al alcalde, Leocadio Marín, como responsable a nivel indiciario de un delito de encubrimiento por silenciar el presunto robo de varias puertas de gran valor de las casas consistoriales altas de la ciudad. El hurto fue perpetrado, según el auto del juez Antonio Luis Latorre, por Luis Carlos García, que es, según afirma el concejal del PP Andrés Blázquez Lechuga, que representa a la acusación popular, presidente de la sociedad mixta Ferias Jaén. La imputación abarca al concejal de obras del Ayuntamiento baezano, Bartolomé Cruz, y a un agente de la policía local.
Las puertas tienen un grado de protección integral al hallarse instaladas en inmuebles incluidos en el catálogo urbanístico de bienes protegidos del centro de Baeza, ciudad patrimonio de la humanidad. Las casas consistoriales altas, monumento al que pertenecían, es un edificio construido en el siglo XVI. El juez considera probado que Luis Carlos García Sánchez fracturó el vallado exterior del acceso al monumento y, una vez en su interior, se apoderó de una puerta de forja compuesta por 2 hojas con parte superior de barrotes coronadas a los lados por sendos escudos de Baeza, una parte inferior de madera y dos puertas de cuarterones situadas detrás. También le acusa de apropiarse de la puerta de madera originariamente situada junto a las escaleras del inmueble.
El juez considera que García procedió a cortar y retirar la primera fila superior de cuarterones de las 2 puertas situadas detrás de los barrotes de la puerta de forja, a fin de adaptar las mismas a las dimensiones de los marcos de 2 habitaciones de una vivienda de su propiedad en la calle Cipriano Alhambra, de Baeza, donde la instaló. Sostiene que aplicó tintes a la puerta y destruyó parte de la estructura, que sustituyó por un nuevo material.
El papelón de Marín
En cuanto a la presunta responsabilidad del alcalde, el juez entiende que Marín tuvo conocimiento en una fecha indeterminada de enero de 2008 de que el inmueble propiedad de Luis Carlos García Sánchez se encontraba una de las puertas de las casas. Ambos, según el juez, acordaron que la puerta se depositase en los almacenes.
Marín habló con el concejal de obras, Bartolomé Cruz, para que gestionase la entrega. Éste se comunicó entonces con el encargado de los almacenes para que abrieran fuera de horario. Hasta ellos se desplazó un familiar de Luis Carlos García con una furgoneta en la que transportaba la puerta. El juez deduce que existen indicios que acusan a Leocadio Marín y a Bartolomé Cruz de que, aunque conocían la existencia de una investigación policial por la desaparición de la puerta, así como la identidad de la persona que la depositó en los almacenes, omitieron estos detalles a la policía local y a la Guardia Civil.
El ministerio público no está de acuerdo con la imputación de los políticos y el policía. La fiscal ha pedido al juez que admita el recurso y deje sin efecto la imputación. En cambio, propone que siga la causa contra García Sánchez.