Lo cuenta este sábado El Mundo: el ayuntamiento de San Antonio, del PP, ha elevado una protesta al Decanato después de que una juez le solicitara que tradujera al castellano un recurso judicial perteneciente a un litigio por una deuda y que se presentó sólo en catalán.
La juez, natural de Madrid, dictó una providencia al Consistorio, explica el diario, para solicitar "un juego de copias del recurso presentado traducido al castellano al no hablar este tribunal la lengua de parte". Se da la circunstancia de que tampoco habla catalán la secretaria del juzgado, gallega y que sólo lleva cinco meses en Ibiza.
Al recibir la petición, la reacción del Ayuntamiento fue quejarse, también en catalán. El Consistorio alegó que al solicitar la traducción, el juzgado había infringido varias normativas de "manera flagrante, inaudita e inconcebible" y llegó a recordar a la juez que su juzgado está en Ibiza, donde el catalán es oficial junto al castellano.
Citando fuentes judiciales, el diario indica que, ante estas circunstancias, a la juez no le ha quedado otro remedio que buscarse la vida para entender el recurso, algo que, sin embargo, no ha interferido en su tramitación. La juez, explican, pidió la traducción por una "cuestión práctica" y añaden que "jamás se ha encontrado con nadie que rechazara traducirle al castellano". El primero, pues, ha sido José Sala.
El teniente-alcalde del Consistorio explicó a El Mundo que están "cansados de hacer el trabajo de otras Administraciones" y que han cumplido la ley. "Se puede no estar de acuerdo con ella, o parecer ilógica, pero es la que rige", apuntó.