Según expone ABC, las ayudas a guión "se conciben como el primer escalón de todo el sistema de ayudas destinadas a la creación y producción de largometrajes". No será necesario que el guión llegue a ser una película para obtener la ayuda, y sólo "si es posible, deberían poder transformar en obra audiovisual".
La Ley otorgará un máximo de 15 ayudas por año de 40.000 euros cada una: menos ayudas pero de una cantidad mucho mayor, dice el diario.
Respecto al resto de la Orden, dice ABC que otra gran novedad es que se va a "exigir obligatoriamente la presentación de un informe de auditoría". El texto regulará "exclusivamente" las ayudas de carácter centralizado y no las que se llevan a cabo en colaboración con las distintas Comunidades Autónomas, en lo que supone uno de los puntos más controvertidos de la misma.
Esto significa que no quedarán recogidas las futuras ayudas destinadas a la innovación en el sector audiovisual ni las medidas de apoyo a exhibidores, que se sienten excluidos de las mismas. Sobre las ayudas a distribución, ABC resalta que habrá de tipo general (destinadas a distribuidores independientes) o dirigidas a cubrir los gastos de accesibilidad por parte de las personas con discapacidad visual o auditiva.
Otra novedad son las llamadas "ayudas al desarrollo" para entregar recursos anticipados para costear elementos como la búsqueda de localizaciones o la elaboración de un casting, así como las gestiones necesarias para buscar recursos económicos o tecnológicos para elaborar un film. Aquí tendrán ventaja las "productoras independientes".
Sobre las ayudas a proyectos de largometraje en sí, éstas no dependerán tanto del rendimiento en taquilla como del "valor cinematográfico, cultural, social o experimental, o que se refieran a situaciones de gran impacto social" que el comité designado estime como prioritarias.
Se introduce un criterio, dice ABC, de "acción positiva de género" en el que en dos proyectos conyugal puntuación se dará prioridad al que tenga a una mujer como guionista o directora.
La Orden también computa como espectadores a los que se descarguen la película por internet, las ventas o alquileres en DVD, y el público asistente a festivales. No sólo a los espectadores que paguen la entrada por asistir a ver la película. Dicen que lo que se busca es reforzar "la transparencia del proceso y el acceso a la información por parte de quien se sienta perjudicado".
Y es que "todas las películas pueden llegar a obtener un apoyo público con independencia de quien se sienta perjudicado", dice la Orden dictada por el ministerio de Cultura.
La Orden Ministerial que desarrollará la nueva Ley del Cine, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2007, ha sido finalizada de cara asu publicación en el BOE, y será remitida a la Comisión Europea para ser aprobada por Bruselas.