PSOE y CHA aprueban que el catalán sea lengua propia de Aragón

La Ley reconoce al castellano como única lengua oficial de Aragón y al aragonés y el catalán como lenguas propias originales e históricas, que gozarán de protección y se garantizará y favorecerá su enseñanza y el derecho de los hablantes a su uso en las zonas de utilización histórica, especialmente con la administración pública.

En cumplimento con el Estatuto de Autonomía, la Cámara dió el visto bueno a una Ley de Lenguas que llegó en forma de proposición de Ley de la mano del PSOE y no como proyecto del Ejecutivo que forma con el PAR.

La Ley tiene por objeto reconocer la pluralidad lingüística de Aragón y garantizar a los aragoneses el uso de sus lenguas y modalidades lingüísticas propias como un legado cultural histórico que debe ser conservado.

El texto generó el rechazo del PP, que la considera catalanista y por eso puso en marcha una campaña de recogida de firmas en su contra, y del PAR, que se opone a que se denomine catalán a la lengua que se habla en localidades de las tres provincias ubicadas en la zona oriental de la Comunidad.

La norma establece el procedimiento para declarar las zonas de utilización de estas lenguas y crea el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, concebido como órgano consultivo para el desarrollo de la política lingüística.

También regula su enseñanza, regida por el principio de voluntariedad para los padres y de obligatoriedad para la administración, y su uso en la relación de los ciudadanos y las administraciones.

En ese aspecto, se establece el derecho a que los ciudadanos se dirijan en su lengua propia a las administraciones aragonesas, incluidas las Cortes y el Justicia de Aragón, que deberán disponer de los medios para la traducción y respuesta en la misma lengua, al tiempo que fija que la denominación oficial de los topónimos será única y la que tradicionalmente se use en el territorio.

Carlos Álvarez, del PSOE, destacó que los socialistas presentaron un texto moderado para intentar llegar a acuerdos, los mismos que permitieron que desde hace 25 años se enseñen las lenguas propias sin que generara "el más mínimo conflicto".

Álvarez insistió en que la Ley sigue los principios de territorialidad, voluntariedad y no cooficialidad de las lenguas, con respecto a la Constitución y en coherencia con lo que marca el Estatuto.

La diputada del PAR María Herrero mostró el enfado de su grupo con su socio de Gobierno, por sacar adelante una ley que es un "terrible error" y un "enorme desacierto" porque no es "moderada ni centrada" y porque no refleja el sentir de los aragoneses.

El popular Miguel Navarro, que denunció la tramitación "casi a hurtadillas" de la Ley, vaticinó que su aprobación plantea de forma encubierta "extender el uso del catalán en Aragón como si fuera una mancha de aceite", y señaló que es "un fracaso" que una ley "tan trascendental" se haya aprobado con un margen de votos "tan exiguo".

Por su parte, el portavoz de CHA, Chesús Bernal, recalcó que ésta no es la ley que querían –porque no reconoce la oficialidad del catalán y aragonés–, pero indicó que por responsabilidad ha hecho un esfuerzo para que se reconozca al Aragón "polifónico".

Adolfo Barrena, diputado de IU, que tampoco apoyó la Ley, opina que la norma aprobada es "timorata, cobarde y acomodaticia" y deja muchas cuestiones al albur de quien la interprete.