Como último ejemplo, la convocatoria del "Premio Juventud", dotado con 4.000 euros por parte de la Agencia Catalana de Juventud en la que se impone que sea el catalán la lengua de presentación de los trabajos a concurso, denuncia la asociación.
Desde la ANLL denuncian que la "insumisión" del Gobierno de Montilla y su "total desprecio por el funcionamiento" del Estado de Derecho del que ha hecho "uso en las decisiones del tripartito sobre política lingüística tras la sentencia del TC", como puedan ser la Ley de Acogida de Inmigrantes, el Código de Consumo, el decreto que impone el catalán a los profesores universitarios o los miles de euros destinados en subvenciones a la primacía del catalán sobre el castellano, enumera la asociación.
La asociación presidida por Pablo Yáñez señala "que todas estas acciones de la Generalitat están fuera de los límites que marca la Constitución y que la vulneración consciente de la sentencia del Tribunal Constitucional podría suponer un presunto fraude de ley".
Por ello ha pedido a la Fiscalía General del Estado que "actúe e investigue, hasta las últimas consecuencias", la responsabilidad política y legal que pudiese recaer sobre el presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla.