Todo en el objetivo de que "nadie sea humillado" y construir "una sociedad donde sentirse seguro y, sobre todo, sentirse amparado por la ley". Según señala el portavoz de la Plataforma Educa en Libertad, José Ignacio Martínez, en el diario La Gaceta, el texto, que podría entrar en vigor previsiblemente en 2013, está constituido por una concatenación de falacias.
"No sólo el título de la norma, repetitivo también en su formulación, llama la atención. También lo hace su articulado. Los Títulos I, y II, sobre el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, el primero, y sobre la defensa y promoción del derecho a la igualdad de trato y no discriminación, el segundo, hacen alusión a cuestiones que ya están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico como internacionalmente".
Y continúa: "Por eso no haría falta una nueva ley al respecto. Serviría simplemente con aplicar la legislación existente". Según explica a La Gaceta, "el Título III, que hace referencia a la Autoridad estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación, es para echarse a temblar".
"Sabemos que con el Gobierno actual eso significa llenarlo de amigos, conocidos, fundaciones y lobbies afines. Será una especie de Tribunal de la Inquisición, o un GULAG que decidirá quién se porta bien y quién no. Y ya sabemos lo que pasará. Estamos ante una norma de tintes absolutamente autoritarios, otra más que nos regala del gobierno de Zapatero".
La organización Profesionales por la Ética expone, a través de su secretaria general Teresa García-Noblejas, de los peligros de la ley. "El borrador español se inmiscuye dentro del ámbito de los derechos fundamentales, y ampliamente recogidos y protegidos en nuestro derecho.". Y confirma el hecho de que anula la presunción de inocencia, reflejando también las "pretensiones totalitarias" de este Gobierno.
El Título IV del anteproyecto define que las infracciones contenidas en la ley podrán ser calificadas de leves, graves o muy graves, estableciéndose sanciones de entre 150 y 500.000 euros. Los motivos considerados discriminatorios son los contenidos en el artículo 14 de la Constitución, que hacen referencia a nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra circunstancia personal o social.
Prohibición de insultos
En un artículo firmado en la misma página que la información anterior, el sociólogo Amando de Miguel dice que todo esto implica regular el uso de palabra que hieran la sensibilidad. La nueva ley exigirá, para ser coherentes, la prohibición "por decreto" de "voces contenidas en el Diccionario de insultos. Vamos, que se prohibirá la difusión del Quijote, de Quevedo, y a este paso, media literatura".
Pero esto se extiende a símbolos no léxicos. De aplicar al pie de la letra la citada ley, "se llegará a prohibir la carne de cerdo en los restaurantes, bares y comedores públicos. Así no se molestará a la comunidad musulmana. Pero entonces, la comunidad judía puede exigir que los transportes públicos no funcionen los sábados o que se prohíba la venta de mariscos y angulas (peces sin escamas).
Y sobre los roles sexuales, el sociólogo reflexiona diciendo que no bastará sólo con decir "miembras". "Se llegará a exigir que haya un porcentaje suficiente de mujeres en los equipos de la liga o en la Conferencia Episcopal".