Fuentes del Ayuntamiento han señalado al corresponsal de esRadio en Murcia, Pablo Molina su extrañeza por esta coincidencia. A esto se suma que el fiscal que conduce la operación, Manuel López Bernal, es conocido en Murcia por proximidad al PSOE. Su esposa es abogada del Partido Socialista y uno de sus amigos es el ex ministro Bermejo. Por estas razones, altos cargos del PP tiene sospechas de la operación tiene "un impulso extrajudicial".
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho hoy que la actuación que está desarrollando la Guardia Civil en la Gerencia de Urbanismo de Murcia "es una de las operaciones de distracción que, lamentablemente, tanto gustan al Gobierno". Cospedal, que ha hecho estas declaraciones durante una visita al municipio toledano de Yuncos, ha dicho que "este tipo de actuaciones con filtraciones prácticamente en directo a determinados medios de comunicación y con la intervención de determinadas unidades de la Guardia Civil tiene que ver más con un intento de distracción que con la necesidad de seguir investigando este caso".
En este sentido ha dicho que, por lo que ha trascendido, todo el asunto viene de un procedimiento judicial que empezó en 2008 sobre el que el juzgado que lo lleva ha requerido información al Ayuntamiento de Murcia, que la lleva cumplimentando desde hace prácticamente dos años. Y ha agregado que "no se entiende muy bien que, cuando se está enviando todo tipo de documentación, se monte una operación con la intervención de la Guardia Civil, cuando la colaboración del Ayuntamiento de Murcia ha sido completa".
El Ayuntamiento de Murcia espera una "rápida aclaración" de los registros practicados en las instalaciones de la Gerencia de Urbanismo y manifiesta que el Consistorio desconoce los hechos investigados al encontrarse bajo secreto de sumario.
Así, ha señalado que mantiene su colaboración en todo momento con la Administración de Justicia y pone a su disposición todos los medios para facilitar la labor de las investigaciones.
El Ayuntamiento entiende que todos los procedimientos administrativos se han producido de acuerdo con la legalidad y espera que esta situación se aclare "con premura, con la finalidad de que no se mantenga la incertidumbre", según informan fuentes municipales.
Al tiempo que indica que el consistorio murciano ha venido remitiendo cuanta información ha sido requerida "por las instancias judiciales en tiempo y forma y los expedientes administrativos son públicos".
Remarca, además, que la legalidad de los instrumentos de desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia y del desarrollo urbanístico de la zona Norte fue ratificada por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia 98/2005, de 30 de diciembre, y 461/2006, de 16 de junio, que probaron la inexistencia de irregularidades.
Por otro lado, señala que el Tribunal de Cuentas ratificó, con fecha 3 de junio de 2009, "de modo inequívoco y manifiesto, la inexistencia de supuesto alguno de responsabilidad contable" en los convenios de la zona Norte, condenando en costas al concejal socialista que interpuso la denuncia.