La persecución lingüística en Cataluña empieza a no tener límites. Este martes publicábamos en LD el caso de Xurde Rocamundi, un empresario de esta localidad de Arenys cuyo delito para el gobierno de Montilla consiste en rotular sólo en castellano los carteles de su negocio, por lo que se le abrió un expediente y se le multó con 1.200 euros.
Aunque a partir de ahora esta cantidad podría ser mayor incrementándose las multas hasta 10.000 euros por infracciones leves o de hasta 100.000 si se considera que la falta es grave.
Concentración en Arenys
La semana pasada se constituyó la Coordinadora “Por una Cataluña en Libertad. No a las multas lingüísticas", Coordinadora en defensa de la libertad de elección de los empresarios catalanes que actualmente están siendo sancionados por presuntos incumplimientos de la Ley de política lingüística.
Esta Coordinadora, integrada por Ágora Socialista, Asociación por la Tolerancia, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Impulso Ciudadano, Partido Popular de Cataluña y Unión Progreso y Democracia, ha convocado una concentración que tendrá lugar el próximo día 30 de enero a las 12:00 en la Plaza de la Iglesia de Arenys de Mar, con el lema “Por una Cataluña en libertad, no a las multas lingüísticas” para denunciar estos hechos y defender la libertad de opción lingüística y la libertad de empresa en Cataluña.
Este jueves ha tenido lugar la presentación del manifiesto que leerá el ex colaborador de LD, Juan Carlos Girauta, al final de la concentración.
El manifiesto señala que “en Cataluña se condiciona la concesión de las licencias de apertura o el mantenimiento de los establecimientos privados a la rotulación obligatoria en catalán”. Y afirma categóricamente: “Un gobierno sectario está sancionando a quien no disponga de las cantidades para incumplir esta imposición o a quien anteponga la libertad de expresión y de empresa”.
“Los intolerantes intentan confundir a la opinión pública ocultándose tras la coartada de los derechos de los consumidores para así imponer la disciplina en un sector de naturaleza privada, en el que no debiera caber la ingerencia del poder público”.
"Delatores anónimos subvencionados"
Pero, además, la Coordinadora resalta que el “Gobierno de forma arbitraria y despótica condiciona el futuro de esos negocios a través de delatores anónimos subvencionados por él mismo, y que ordena a los inspectores de consumo priorizar la policía lingüística. (…) Lamentablemente, este Gobierno vuelca su esfuerzo inspector en hacer cumplir instrucciones propias de una administración enferma de totalitarismo”.
En otro de los párrafos el manifiesto denuncia:
“(…) El Gobierno de Cataluña ha ideado un régimen sancionador inexorable que aplica con mano de hierro y ha incrementado las campañas contra los empresarios catalanes. Atrapado en su propia dinámica represiva ahora pretende que el Parlamento apruebe el Código de Consumo de Cataluña que otorgará al Gobierno competencias para cerrar temporalmente los establecimientos privados e imponer multas de hasta 10.000 euros por infracciones leves o de hasta 100.000 euros por infracciones graves si considera que la negativa a rotular en catalán es deliberada. De aprobarse el nuevo Código y amparados en el deber de disponibilidad lingüística, podrán sancionar también a todos aquellos establecimientos que no puedan garantizar la atención oral y por escrito en la lengua que escoja el cliente, con lo que miles de trabajadores que atienden al público pueden ver condicionada su estabilidad laboral por esa decisión”.
Desde la Coordinadora se quieren solidarizar con todas “las personas que reciben la visita de los representantes de la Agencia Catalana en cumplimiento de las órdenes de los tiranos lingüísticos".