El presidente de la Generalidad aseguró, sobre los imputados y encarcelados por la 'Operación Pretoria', que "me cuesta creer que algunas personas se hayan aprovechado" de sus cargos públicos para enriquecerse.
En declaraciones a TV3, Montilla dijo que él no es de los que "condenan de antemano" a las personas encausadas y aseguró que esta tarea corresponde al poder judicial.
"A quien más ha afectado -el caso- es a la familia socialista de Santa Coloma y a su población en general", al ver que su municipio pasa a ser centro de atención y que pasa a tener unas circunstancias complicadas, aseguró Montilla, en la primera entrevista que concede tras el estallido del 'caso Pretoria'.
Tras confirmar que "antes del fin de semana" se anunciará quien será el nuevo alcalde de Santa Coloma de Gramenet, que reemplazará al ex alcalde, Bartomeu Muñoz, imputado y encarcelado por el caso, Montilla indicó, sobre su sustituto, que en el PSC de la localidad hay "más de una persona" con capacidad suficiente para asumir esta responsabilidad.
Montilla también puso de manifiesto que tras la 'operación Pretoria', la información de sucesos ha copado el protagonismo en los medios de comunicación, aunque recalcó que la "política y la economía" siguen siendo los asuntos que preocupan a los ciudadanos, sobre todo esta última, por la crisis.
El presidente de la Generalidad también defendió la batería de medidas que el Consejo Ejecutivo impulsó contra la corrupción y para dar más transparencia, que el Gobierno aprobará entre las próximas dos semanas y finales de año.
Montilla aseguró que "una buena normativa no hace que se pueda atentar contra ella" y que pueda haber corrupción, pero esto no significa que se tenga que tirar la toalla y renunciar a perfeccionar leyes en ámbitos como el urbanismo, el régimen local, el funcionamiento de las fundaciones o de órganos fiscalizadores como la Sindicatura de Cuentas.
Reiteró su compromiso de que, antes de que acabe el año, el Gobierno llevará al Parlamento la reforma de dos leyes: la de la Sindicatura de Cuentas --pendiente desde hace al menos cuatro años-- y la que regula los protectorados de las fundaciones. Como se avanzó ayer tras la reunión semanal del Ejecutivo catalán el objetivo del tripartito es limitar las donaciones que reciben las fundaciones de los partidos políticos procedentes de empresas adjudicatarias de concursos con la administración.
En cualquier caso, Montilla recalcó que "no se trata de burocratizar más procedimientos y procesos, sino de hacerlos más transparentes". Al tiempo, también indicó que el Govern tampoco quiere tutelar más a los entes locales, sino garantizar su transparencia, al mismo tiempo que admitió sus problemas de financiación a causa de la crisis económica.