(Libertad Digital) La destrucción de esos volantes, que hubieran significado el traslado a Cuidados Paliativos de enfermos que se encontraban en Urgencias, se hizo, según escribe Montes en su libro, porque los pacientes que podían "sacar más provecho" de aquellas camas son los que "aún tienen una expectativa de vida con calidad para meses o años". Según el anestesista, no era ésa la situación de los pacientes que decidía que permanecieran en Urgencias y a los que se prescribían unas controvertidas sedaciones terminales.
"Montes viene a reconocer que sus decisiones, como la de dedicar un box de Urgencias a la sedación terminal, guardaban relación con la gestión de recursos, con la economía de camas", explica Cristina Losada, autora de Morfina roja, una completa investigación sobre el caso.
"¿Qué significa para Montes vida con calidad? Convendría que lo precisara –agrega Losada- Recuérdese que el informe pericial decía que no estaba suficientemente documentada la situación terminal de unos pacientes y que las elevadas dosis de fármacos podían haber acortado la vida de otros."
En las Urgencias de los hospitales españoles no se administran de forma habitual sedaciones terminales, pero Montes sostiene en su libro que en las condiciones del Severo Ochoa, las Urgencias eran "el mejor" lugar para hacerlo. Según él, en Paliativos podía ocurrir que los pacientes murieran "en unas condiciones terribles".
"Como murieran en las camas de Cuidados Paliativos, pero por la tarde o de noche, recibir sedación o no dependía de variables como la carga de trabajo, el humor o la ideología del médico de guardia", asegura en el libro.
En la introducción, se dice que cuando Montes llegó a Urgencias, muchos enfermos no recibían "un solo fármaco que alivie el sufrimiento". También se sostiene que en el Severo Ochoa hay médicos contrarios a la sedación terminal y que, en general, existen facultativos que "amparados en sus creencias religiosas e ideológicas siguen condenando a sus pacientes a morir entre ahogos y convulsiones".
Losada señala que "esas acusaciones, que son gravísimas, ya se lanzaron cuando el escándalo estaba en su apogeo, en especial, desde las páginas de El País, pero sus autores no han dado ni un solo dato que las sustente. Han intentado presentar el caso como una batalla entre los abanderados de la muerte sin dolor y unos supuestos partidarios de la muerte con sufrimiento, que según parece son todos los que no están de acuerdo con los criterios de Montes."
La conjura
El libro sostiene que se forjó una "coalición" para "quitar a Montes de en medio". En esa supuesta conjura estaban médicos de Urgencias que tenían "disputas laborales" con él; servicios "rivales", como Medicina Interna; y un gerente que quería "echar un pulso" al grupo apodado Sendero Luminoso. Con todo ello, la consejería de Sanidad de Madrid aprovechó para lanzar "una cruzada contra un grupo de médicos que representan al sector más progresista de la sanidad madrileña".
En opinión de Losada se trata de "una reelaboración de las teorías conspirativas que Montes y sus paladines enredaron en torno al caso, pero lo que aparece en el libro representa un salto cualitativo. Constituye una acusación en toda regla contra unos médicos que mencionan con nombres y apellidos. Se está diciendo que se inventaron unas irregularidades porque le tenían manía o envidia al anestesista."
La autora añade que "cuando a Montes se le preguntó, delante del juez, qué hechos ocurridos en las Urgencias podían explicar la denuncia anónima, declaró que no le constaba ninguno. Ahora resulta que la disputa laboral está en el origen de todo. Además, para sustentar que había rivalidades, se presenta a Montes como si hubiera sido el hombre clave de todo el hospital".
El anestesista se presenta como víctima de una "campaña de acoso" en el Severo Ochoa, de la que formaría parte una orden de la gerencia que prohibió la sedación terminal en Urgencias salvo en casos excepcionales. También el protocolo elaborado a instancias de una Inspección médica se utilizó para perseguirle, según afirma. Además, ridiculiza aquellas normas, de las que dice: "pretendían fijar un protocolo como si fuera una receta para hacer pasteles".
"Acto de terrorismo hospitalario"
El médico y el periodista, que califican de "acto de terrorismo hospitalario" la denuncia que destapó el escándalo en 2005, cuestionan la competencia e imparcialidad de los seis doctores que formaron la comisión de expertos y de parte de los peritos elegidos por el Colegio de Médicos de Madrid. Alguno de los peritos ha colaborado con Montes y Güell, resguardado en el anonimato.
Tampoco se libra de ataques la ex directora del Instituto Anatómico Forense, Carmen Baladía, que denunció la manipulación de un estudio sobre un paciente. Se dice que lo hizo para "mantener buenas relaciones" con la Comunidad de Madrid por sus "ambiciones profesionales".
La objetividad del juez de Instrucción, Rafael Rosel, también se pone en duda. "El juez se puso de parte del lado de los abogados de la acusación", afirma Montes. El fiscal Pedro Martínez Torrijos, que filtra afirmaciones que le hizo el juez en privado, confiesa en el libro que pensó en recusarle.
Losada señala que "no se dice, en cambio, que una de las acusaciones denunció que el fiscal, que ahora está en la Audiencia Nacional, favorecía a los imputados." La autora agrega que "hay otras muchas cosas que no cuentan en ese libro. Las lagunas son enormes. Ni siquiera hablan de las combinaciones de fármacos que usaban y que los peritos, por unanimidad, calificaron de potencialmente peligrosas. También es llamativo que la tabla de puntos, que en su momento esgrimieron para justificar sus decisiones, haya desaparecido de su relato."
El libro "no sólo es un intento de justificación de Montes, sino también una venganza contra los médicos del Severo Ochoa que trataron de controlar aquellas prácticas sedativas, y algunos de los cuales ya sufrieron amenazas y represalias", concluye la autora de Morfina roja.