La nueva Ley del aborto, cuyo nombre es el de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ha entrado este lunes en vigor. El PP y el gobierno de Navarra, entre otros, interpusieron sendos recursos de inconstitucionalidad ante el TC y los populares pidieron al alto tribunal que suspendiera cautelarmente la norma hasta que emitiera un fallo.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite estos recursos, pero aún no se ha pronunciado sobre su suspensión.
Y es que en España, abortar es delito. El artículo 15 de la Constitución española, primero de los que regulan los derechos fundamentales, señala que "todos tienen derecho a la vida". Por ello, la sentencia de 11 de abril de 1985 del Tribunal Constitucional (TC) señaló que el aborto es en nuestro país un ilícito penal, "no punible sólo en tres supuestos muy concretos", por lo que el Estado debe garantizar que ni una sola práctica de este tipo se realice fuera de estos límites.
"La vida del nasciturus es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el art. 15 de nuestra norma fundamental", subraya la sentencia. Dicho texto legal hizo que se reformase el artículo 417 del Código Penal para incluir la despenalización del aborto en tres supuestos delimitados.
El Tribunal Constitucional interpretó que el derecho a la vida del feto prevalece sobre el derecho de la madre a interrumpir la gestación, ya que el tiempo del embarazo es "también un momento del desarrollo de la vida misma".
Aborto libre hasta la semana 14
Fundamentalmente, la nueva ley establece un plazo de 14 semanas para que las mujeres, "sin interferencia de terceros", puedan abortar libremente.
Asimismo, tendrán la posibilidad de interrumpir su embarazo hasta la semana 22 si "existe grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada" o "riesgo de graves anomalías en el feto".
La ley también permite abortar en cualquier momento del embarazo si se detecten "anomalías fetales incompatibles con la vida" o cuando se descubra en el feto "una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico".
Las menores podrán abortar sin decírselo a sus padres
Uno de los puntos más polémicos de la Ley ha sido el apartado referido a las menores. La norma establece que las chicas de 16 y 17 años podrán abortar sin contar con el consentimiento paterno.
En cuanto a la información que deben recibir los padres, la ley fija que al menos uno de sus progenitores o tutores tiene que ser informado de la decisión, salvo "cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo". Es decir, de facto, las menores podrán abortar sin que ni siquiera lo sepan sus padres.
Los médicos no quieren ser los "únicos responsables" de los abortos de las menores
No sólo el PP y el gobierno de Navarra están en contra, esta nueva ley ha suscitado el malestar en buena parte de la sociedad, de los colectivos provida, de los médicos que se quejan de ser ellos los "únicos responsables en el aborto de una menor", entre otros.
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha dicho este lunes que, aunque el médico es el que está "mejor posicionado en la sociedad" para saber si una menor debe o no abortar", darle esta responsabilidad al profesional sanitario es "pedirle demasiado".
Y aunque la ley permite al médico pedir un informe a un psicólogo o a un asistente social que le ayude a tomar una decisión, lo cierto es que esta norma "deja en el limbo de los justos a los médicos y los sitúa en una situación de inseguridad", ha advertido.
Para la OMC, la ley "debería dejar más claro qué es madurez, qué no lo es, a qué se tiene derecho y a qué no y sobre todo no escurrir el bulto de una manera absolutamente demagógica".
Los discapacitados, molestos
También los discapacitados han mostrado su malestar. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) considera que la ley del aborto, discrimina a los discapacitados, ya que la discapacidad es uno de los supuestos que recoge la norma para poder interrumpir el embarazo hasta la semana 22.
En un comunicado, el CERMI afirma que este supuesto "supone un trato desigual desfavorable", lo que, a su juicio, "está expresamente prohibido" por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU "al constituir una discriminación".