Se trata en este caso de las elecciones en las que 93.000 profesores deben elegir a sus representantes en las Juntas de Personal Docente no universitario.
El procedimiento es bien sencillo: sólo se da una hora a los profesores para votar y se sitúan las urnas mayoritariamente en los colegios de primaria distantes, donde más influencia tienen UGT y CCOO. Naturalmente, muchos profesores de instituto no podrán ejercer su derecho al voto y la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía(APIA) ha impugnado esta colocación de las mesas y el juzgado ya ha admitido a trámite su recurso
No es sólo APIA, sino que son varios los sindicatos que han denunciado las "trabas" impuestas por la Consejería de Educación con el objetivo de beneficiar a sus "sindicatos afines" en las elecciones sindicales que se celebrarán el próximo jueves. Pero la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) sí presentó ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Sevilla un recurso por la vía especial de protección de derechos fundamentales contra las instrucciones de la Consejería de Educación para las próximas elecciones sindicales, solicitando su suspensión cautelar hasta que se resuelva el citado recurso.
El juzgado ha admitido a trámite el recurso y ha dado tres días a la Consejería de Educación para que presente alegaciones. Según el recurso, las normas de Educación "restringen, limitan y lesionan derechos fundamentales, al disponer que los docentes podrán hacer uso solo de una hora de la jornada para elegir a sus representantes", según APIA.
Pero lo más llamativo es que la colocación de las mesas electorales parciales va a dificultar aún más la participación de los profesores de instituto en las elecciones, porque, aunque este colectivo representa el 45% del censo total, según los datos facilitados por APIA, el 70% de las mesas se va a colocar en colegios de infantil y primaria, donde el voto se suele concentrar en UGT y CCOO, para beneficiar así a "sus sindicatos afines". Si sólo disponen de una hora para votar y se deben desplazar varios kilómetros para acudir a los colegios donde están instaladas las mesas, "muchos profesores de instituto no van a poder ejercer el derecho al voto", alertó APIA. Para esta asociación, se trata de "un intento burdo de silenciar a los profesores de secundaria", con la "actitud tramposa de la administración y sus sindicatos afines".
El sindicato Ustea denunció, igualmente, las "trabas" para votar en las elecciones sindicales por culpa de la "imposición" por parte de la Consejería de Educación de unas instrucciones "no negociadas con los sindicatos".
La normativa de Educación ni tan siquiera aclara si la hora para votar está o no en la jornada laboral, como exige la reglamentación electoral en vigor, o bien de la jornada lectiva general del centro, que en el caso de los institutos de secundaria no son coincidentes.
Unas maniobras antidemocráticas
Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han maniobrado para obstaculizar el derecho de los profesores de secundaria a participar en igualdad de condiciones que el resto de los docentes en las elecciones sindicales del próximo 2 de diciembre. Por acuerdo de los sindicatos que, según la legislación en vigor, son promotores de las próximas elecciones sindicales para elegir los representantes de los diferentes colectivos docentes en las Junta de Personal, la distribución de las mesas electorales parciales muestra en algunas provincias una concentración tan abrumadora como injustificable en colegios, a pesar de que en torno a un 45% del total de docentes son profesores de secundaria, y por tanto desarrollan su trabajo en institutos de enseñanza secundaria. Así lo ha contado la propia APIA en una nota.
Resulta lamentable constatar, por poner ejemplos muy ilustrativos, que en Granada, de las 58 mesas electorales parciales, sólo 9, es decir, algo más de un 15%, se ubicarán en Institutos de Educación Secundaria, en tanto que 48 mesas electorales se constituirán en colegios (casi un 83%). De la misma manera, en Huelva solo 5 mesas parciales, de un total de 43, se localizan en institutos, lo que supone un ridículo 11,6%. Algo muy similar ocurre en Cádiz. Estas circunstancias, difícilmente justificables, suponen un obstáculo objetivo al ejercicio del derecho constitucional a la participación en los asuntos públicos, mediante libre elección de los representantes (art. 23 de la Constitución Española) y de los derechos de representación y participación institucional reconocidos en la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público; derechos que asisten también, aunque algunos pretendan ignorarlo, a los profesores de secundaria.
Una vez más nos encontramos, dice APIA, ante un intento burdo de silenciar a los profesores de secundaria que, desde que hace veinte años, en las sucesivas elecciones sindicales a la Junta de Personal Docente han visto como su representatividad era significativamente distorsionada, no solo por la existencia de una única mesa sectorial de educación que engloba a tramos educativos tan dispares como los que se corresponden con las enseñanzas primaria y secundaria, sino por la actitud tramposa de la Administración y sus sindicatos afines que tratan por todos los medios de impedir que la voz de los profesores de secundaria pueda ser oída. Circunstancias éstas, por otra parte, que no son ajenas al progresivo deterioro experimentado a lo largo de estos años por la enseñanza secundaria, así como al empeoramiento de las condiciones de trabajo de sus profesores, que han sufrido desde entonces un retroceso en sus condiciones de trabajo sin parangón en toda la administración pública.
Y termina diciendo: "No nos vamos a rendir fácilmente. La actitud impresentable de quienes intentan callarnos es para nosotros un acicate que nos hace redoblar nuestros esfuerzos, imaginando el pavor que experimentan algunos solo de pensar que la enseñanza media se les pueda rebelar".