Además, los centros escolares sostenidos con fondos públicos tendrán la facultad de regular la vestimenta de los alumnos, bien sea mediante la imposición de un uniforme o con el establecimiento de ciertas "pautas" sobre la ropa.
Según ha explicado el consejero de Educación, Jesús Vázquez Abad, en la presentación del borrador de anteproyecto de Ley de convivencia y participación de la comunidad escolar, cada centro podrá determinar "qué (ropa) es o no acorde a su modelo educativo", siempre contando con la aprobación del Consejo Escolar.
De este modo, podrá imponer un uniforme o establecer ciertas "pautas" sobre la ropa. El uniforme todavía no está implantado en ningún centro público de Galicia, tal y como ha admitido el propio consejero, quien ha aseverado que "muchas familias lo demandan".
Cuestiones que han suscitado polémica en otras comunidades autónomas, como la prohibición de utilizar velo islámico, quedan igualmente en manos de los colegios, sin que la Administración educativa autonómica se pronuncie al respecto.
Entre las facultades que este texto normativo concede a los profesores está también la de requisar a los alumnos cualquier sustancia u objeto que porten y que no esté permitido por las normas del centro –como un teléfono móvil– o que sea "peligroso".
Tal y como ha explicado el titular de Educación, el citado texto normativo tiene como objetivo "crear y reforzar" los instrumentos jurídicos que "permitan mantener un clima de convivencia a través de la restauración de ciertos valores y comportamientos" y "dignificar" la profesión docente.
Se trata, según ha señalado, de que los docentes vean "debidamente reconocida" su función, tanto por la sociedad como por los poderes públicos; y de que las aulas transcurran en "un ambiente de respeto mutuo".
Para trabajar en este ámbito, el borrador legislativo incide en la "corresponsabilidad" de los padres o tutores regulando su participación en el proceso educativo a través de "mecanismos de consulta y participación directa", bien a través de medios telemáticos o de los propios centros escolares.
En todo caso, el objeto de esta "participación", tal y como ha explicado el consejero, será "sobre aspectos concretos de la enseñanza", de modo que queda "garantizada" la autonomía de los centros en materia curricular y la libertad docente y pedagógica del profesorado.
En relación con las "dudas de legalidad" que el Consejo Consultivo detectó el pasado mes de mayo en el decreto que regula el uso del idioma en la enseñanza en lo referido a las consultas a los padres, ahora Vázquez Abad ha considerado que el gallego sí podrá ser de nuevo "objeto de consulta".
Según ha precisado el secretario xeral de la Consejería de Educación, Jesús Oitavén, esto se debe a que la legislación básica únicamente se centra en la necesidad de "promover y defender la lengua". Sobre las consultas, el propio consejero ha explicado que la Constitución "no da derecho a los padres a la opinión, pero tampoco a la no opinión", por lo que ahora esta legislación les faculta para ello.
"Ahora se podrían hacer muchos tipos de consultas, de carácter orientativo o más vinculantes", ha subrayado, para, preguntado si pretende hacer nuevas preguntas sobre el gallego a las familias, limitarse a sentenciar que en sus planes está "cumplir el programa del PP".
En la misma línea de "cumplir el programa electoral del PP" ha enmarcado la presentación de este borrador de anteproyecto de ley, que, a su juicio, "da respuesta a las demandas tanto de la sociedad como de la comunidad educativa". "Es más ambiciosa que la de otras comunidades", ha destacado Vázquez Abad.
Entre los objetivos de este texto "innovador y actual", en palabras del consejero, está el de generar "un marco jurídico" que permita "una respuesta inmediata y reeducadora" frente a los comportamientos que "perturban un correcto clima en el aula". Se trata de garantizar que los plazos de aplicación de las medidas correctoras –que se reducen casi a la mitad– "no afecten a la convivencia" escolar.
A fin de decidir las sanciones, la norma incluye una clasificación de las conductas en "leves" y "graves", entre las que se incluyen agresiones; discriminaciones; vacío social; difusión de imágenes o información que atente contra el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; y, por primera vez en el plano legislativo español, el acoso escolar y el ciberacoso.
Para luchar contra esta situación, la normativa establece la incorporación de protocolos para su prevención, detección y tratamiento a los planes de convivencia de los centros. Además, la dirección del colegio o instituto podrá designar un responsable "personalizado" de atención a la víctima o la mediación profesional en función de la gravedad del caso.
Estas situaciones de acoso ya se dan en Galicia, según ha reconocido el consejero, quien ha destacado, no obstante, que el nivel de conflictividad de las aulas gallegas es "más bajo" que la media estatal. "Pero sólo con que haya un caso ya hay que tratarlo y prevenirlo para que nunca lleguemos a la situación en que están otros lugares", ha concluido.
Dentro de los castigos que pueden recibir los alumnos está la realización de tareas en horario no lectivo, la suspensión de asistencias a determinadas actividades –como visitas guiadas o excursiones–, la expulsión de cuatro a 15 días y el cambio de centro escolar.