Un nuevo decreto de la Generalidad de Cataluña convierte a los directores de los colegios en gendarmes del catalán, cuyo cometido será "garantizar que el catalán sea la lengua vehicular de la educación" y la que "normalmente (sea) utilizada en las actividades del centro". De este modo, el tripartito pone colofón en materia lingüística a su más que probable última legislatura.
Igualmente, la Generalidad obvia de manera flagrante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto y margina totalmente al castellano, al que ni siquiera menciona en su decreto. El consejero de Educación, el socialista Ernest Maragall otorga además potestad sancionadora al director. Lo más grave no es que con este nuevo decreto el director vaya a infringir la sentencia del TC sino que, además, éste debe vigilar que los profesores también la incumplan.
Esta medida ha suscitado numerosas protestas y dos sindicatos de docentes ya han presentado dos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el poder absoluto que los directores tendrán atribuido ante los profesores.
Igualmente, la plataforma Impulso Ciudadano, presidida por el ex diputado de Ciudadanos José Domingo, presentará un tercer recurso por el incumplimiento de la sentencia del Constitucional en materia lingüística.
Domingo asegura que el decreto "obvia la sentencia del TC" porque "se olvida una vez más de que hay dos lenguas vehiculares de la enseñanza, obliga al director a vigilar el comportamiento de los profesores en este sentido, introduciendo en la enseñanza la figura de policía lingüística".