(Libertad Digital) La Organización Médica Colegial de España (OME) ha mostrado su "rotundo rechazo" frente al anteproyecto de ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, Ley de la Muerte Digna, propuesto desde la Consejería de Salud de Andalucía que consideran innecesaria porque ya hay legislación y porque incluye un duro contenido sancionador a los médicos que no acepten los dictados de la Junta, sanciones que pueden llegar a concretarse en multas de un millón de euros. Además condenan que el proyecto es inoportuno porque crea confusión en la sociedad hasta el punto de estar confundiéndose con una Ley de Eutanasia.
Según el presidente de la OME, el sevillano Isacio Sigueros, hay ya normas con la que regula las voluntades anticipadas o el testamento vital que aportan las garantías que necesitan los enfermos en estos asuntos. Podrían haberse desarrollado las normas que ya existen. Para Sigueros, la norma andaluza, sin precedentes en Europa, contiene un régimen sancionador para los médicos que, en su caso, aleguen para sus decisiones objeción de conciencia. Según el presidente de la OME, es poco razonable que un profesional de la medicina en un quirófano esté preocupado por la multa que le va a caer o la ruina que se va a buscar si contraríe los deseos de la Junta de Andalucía. En el proyecto de la Junta de Andalucía están previstas sanciones de hasta un millón de euros, algo inexistente en Europa.
Por su parte la Consejera de Salud de la Junta, María Jesús Montero, ha afirmado que la futura Ley de Muerte Digna no podrá conculcar el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, ya que éste es "un derecho básico", como también lo es el derecho de los pacientes a recibir la mejor atención. En declaraciones a los periodistas, Montero, quien precisamente inauguró hoy en Córdoba las VIII Jornadas de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, explicó que el citado anteproyecto de Ley, cuya tramitación se inició este mes por el Gobierno andaluz, en lo que se refiere a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios "no tiene competencia, pues es un derecho básico que, por tanto y a nuestro juicio, se tiene que regular a nivel estatal".
Sin embargo, la consejera de Salud reconoció que ésta "es una materia jurídicamente compleja", que la Administración autonómica está estudiando, para así incorporar a la futura Ley "las cuestiones que pretendan salvaguardar la práctica profesional y garantizar la atención a los pacientes".