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Los administradores de la Hípica de Bono, denunciados por falsedad de cuentas

La Hípica Almenara, propiedad de José Bono continúa enredada en asuntos turbios. Ahora, se ha presentado una querella contra sus administradores, por falsedad en los balances contables. En principio, no afecta a Bono, hasta saber si es perjudicado o autor.

No pasa día sin que la Hípica Almenara sea actualidad. Esta vez, según desvela La Gaceta, se ha presentado una querella contra sus administradores, por un delito societario por falsedad en los balances contables.

La querella ha sido presentada por Antonio Panea, presidente de la asociación Ciudadanía Anticorrupción, debido a que "ni en las cuentas de 2004 ni en las sucesivas a 2008, última disponible según el Registro Mercantil, se ha registrado (...) el crecimiento de considerable importancia que ha habido en las instalaciones de la Hípica Almenara".

Además, recoge explícitamente que al dueño de la hípica, José Bono, "ha de ser considerado a todos los efectos legales, en principio, ocmo ofendido o perjudicado por la actuación de los administradores conforme a los artículos 109, 110, 783 LECrim" y que "en su momento procesal oportuno, habrá que hacérsele a este el ofrecimiento de accione en base a los citados artículos para que se muestre parte en la causa y las diligencias cuya práctica se ordene". Es decir, que será la actitud de Bono en relación a la querella la que desvele su verdadera condición de perjudicado o autor intelectual.

Para presentar la denuncia, Panea presentó varias informaciones de La Gaceta que recogía que varios responsables de centros hípicos españoles han valorado a este periódico el recinto de l hípica de Bono en más de cinco millones de euros, así como que la sociedad Onde 2000, propiedad de Francisco Hernando, El Pocero, realizó obras por valor de 600.000 euros.

Panea ha manifestado a La Gaceta su intención de presentar una denuncia contra la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, presidida por Bono y después por Barreda, por su actuación en Seseña y contra la Fiscalía General del Estado por "omisión del deber de perseguir delitos" ante el caso Bono. Antonio Panea es el letrado que llevó a los tribunales a Garzón por los pagos que se le hicieron por los cursos en Nueva York.

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