Los trabajadores despedidos el pasado miércoles se consideran injustamente tratados por el organismo público, aunque Julio Gutiérrez, subdirector de Recursos Humanos, asegura a La Gaceta que "todo se ha hecho conforme a la legalidad vigente".
Según publica este periódico, los caprichos de Elena Salgado son conocidos en toda la empresa. Utiliza el coche oficial para ir a la peluquería o a clase de Pilates, e incluso para enviar a alguien a comprar bombones a la pastelería Embassy del Paseo de la Castellana en Madrid.
En el caso de Bibiana Aído, había que ir a buscarla a ella y a sus amigas a altas horas de la madrugada, cuando salían de copas.
Además, uno de los conductores denuncia que la ya ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega le obligó a ir a 190 Km/hora y que no hizo nada cuando le quitaron 6 puntos del carné de conducir por ese motivo. "Que seamos nosotros los sancionados es el colmo". Aunque tampoco le extraña: "la jefa" no hace nada porque "¡ni siquiera sabe cómo nos llamamos!", se queja.
"Las ministras suelen abusar más del coche oficial que los ministros" denuncian las mismas fuentes. Pero las directoras generales tampoco se libran. Según informan a La Gaceta, más de una ha pedido que le instalen en el coche sillas de niños para cuando les mandan a recogerlos al colegio. También cuentan que hay una ministra "que tiene un Peugeot a disposición de su cocinera particular para que vaya a hacer la compra todos los días al mercado".
Aunque casi todos los casos que cuenta La Gaceta se refieren a mujeres, la persona más criticada por los conductores es Jesús Caldera, ex ministro de Trabajo, que les "ha tratado siempre con la punta del pie" y se dirigía a ellos no directamente, sino a través de los escoltas.
En el extremo contrario se encontraría Trinidad Jiménez, que siempre es amable y educada y no utiliza el coche oficial los fines de semana.
El pasado 29 de agosto, este diario ya publicó que, pese a la crisis, el Gobierno de Zapatero mantendrá los 490 coches oficiales que usan altos cargos socialistas. Su coste es de 15 millones de euros al año.