(Libertad Digital) Según ABC, las más de 3.000 llamadas telefónicas al 112 que la Comisión de Investigación del Gobierno regional -que la Fiscalía consideró "innecesarias"- han sido ahora tenidas en cuenta por la nueva instructora del caso para imputar a veinte personas por delitos contra la seguridad, incendio por imprudencia y homicidio imprudente en la lucha contra un fuego que acabó con la vida de 11 personas.
Las penas a las que se enfrentan ahora los veinte imputados incluyen penas de hasta cinco años y medio de prisión, según ABC. Dichas conversaciones son claramente perjudiciales para los responsables técnicos de Barreda al frente del dispositivo desplegado contra el fuego, e incluyen desde quejas de los alcaldes afectados por falta de medios, conversaciones de políticos y técnicos que participaron en la extinción del mismo, hasta -sobre todo- la angustia de los vecinos ante el avance del fuego.
En total, más de 3.000 conversaciones telefónicas, una de las cuales es la que mantuvo el delegado de Medio Ambiente Sergio David González, y que es mencionada por la magistrada en su auto. Según ABC, González decidió no elevar el nivel de alerta de un incendio que acabó provocando once víctimas mortales. "Nosotros hemos pensado hace un rato a ver si evaluábamos el "nivel 2", pero no, yo creo que no, todavía no", dice el delegado provincial.
Otra conversación reveladora es la mantenida entre el coordinador provincial, Miguel Aguilar, según ABC ahora imputado, y de la que se deduce que no tenía ni conocía ciertos puntos del Plan de Emergencias.
La mayoría de las grabaciones trascritas integramente por el Juzgado de Sigüenza corresponden a llamadas de alcaldes indignados con la actuación contra el fuego. Según ABC, son especialmente contundentes las realizadas por el alcalde socialista de Luzón, Andrés Cabada. "No se ve un puto medio. No han dado el "nivel 2" y ya se han quemado 5.000 hectáreas. No sé a qué están esperando...", clama Cabada.
El consejero de Presidencia, José Valverde, ha dicho que la Junta aceptará "lo que diga la Justicia" aunque le parezca "una barbaridad" y criticó las "actuaciones carroñeras" del PP, que ha pedido dimisiones y la reapertura de la Comisión de Investigación en las Cortes. No obstante, Valverde agregó también que, pese a ello, "todos somos personas y tenemos ideas preconcebidas que influyen a la hora de tomar decisiones".