La comisaria responsable de Interior, Cecilia Malmström, responde así a una pregunta parlamentaria planteada por el eurodiputado de CiU Ramón Tremosa sobre la legalidad de la decisión inicial del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de no empadronar a los 'sin papeles' que finalmente no se llevó a la práctica.
Malmström recuerda que la normativa comunitaria obliga a los Estados miembros a "expedir una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio" pero que también permite "conceder un permiso de residencia u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo".
Esta obligación fue propuesta por la Comisión y adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo para "reducir las 'zonas grises', evitar la explotación de las personas en situación irregular y mejorar la seguridad jurídica de todas las partes implicadas".
Ello implica, según la comisaria, que las autoridades españolas, "una vez que tienen conocimiento de la presencia en su territorio de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular, ya no son libres para tolerar esta situación sin iniciar los procedimientos de retorno o poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio".
En su respuesta al eurodiputado, Malmström aclara igualmente que los Estados miembros pueden decidir qué nivel administrativo, ya sea local, regional o federal, toma las decisiones relacionadas con el retorno o la concesión del derecho de permanencia. En todo caso, el Estado miembro es responsable ante la UE de la correcta aplicación de la normativa comunitaria "en la totalidad de su territorio".
Por último, aunque la Comisión no puede tomar medidas formales antes del 24 de diciembre de 2010, fecha en la que todos los Estados miembros tienen que incorporar a su ordenamiento jurídico la Directiva de retorno, pide "velar" por el cumplimiento de las normas fijadas en la misma "tan pronto como sea posible".
Vic informará a la Delegación del Gobierno
El Ayuntamiento de Vic (Barcelona) informará "caso a caso" a la Delegación del Gobierno en Cataluña de los inmigrantes empadronados en la ciudad que se encuentren en situación irregular en España y que "no tengan los requisitos de residencia legales".El primer teniente de alcalde de Vic, Xavier Solà (CiU), ha asegurado, en declaraciones a Efe , que el consistorio ha decidido llevar a cabo esta medida para no "prevaricar por omisión", ya que, según ha dicho, se podría dar el caso de que un fiscal actuara en contra del ente municipal por incumplir las indicaciones de la Unión Europea.
Solà considera que la Comisión Europea trata de decir al Gobierno "señores, procedan", ya que el Ayuntamiento, que "no tiene competencias" en materia de inmigración, dejará en manos del Gobierno si expulsa a los inmigrantes o les da permiso para residir legalmente en España.
El teniente de alcalde vicense ha afirmado a Efe que la medida de comunicar a la Delegación del Gobierno la situación irregular de los inmigrantes que se empadronen en la ciudad entrará en vigor "a partir de hoy" y que, si bien en un principio no tendrá carácter retroactivo, se podría aplicar también a los inmigrantes empadronados con anterioridad si el ejecutivo lo reclama.
Por su parte, el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), ha celebrado las palabras de Malmström, porque la Comisión Europea (CE) "nos dice que lo hacemos bien", según afirma en un comunicado.
Vila d'Abadal ha indicado que la negativa del Ayuntamiento a empadronar a inmigrantes sin papeles "ha servido para introducir sentido común en el empadronamiento y acogida de recién llegados".
Para el alcalde de Vic, la ciudad "recupera el buen nombre" tras las intensas campañas "de desprestigio" de determinados medios de comunicación, y ha calificado la respuesta de la CE de "esencialmente humanitaria", puesto que mejorará "la seguridad jurídica de todas la partes implicadas" y evitará "la explotación" de los sin papeles.