LD (EFE) Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) han registrado este miércoles las dependencias de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes , en el marco de la operación en la que ayer fueron detenidos un notario de Lorca y el apoderado de una de sus empresas. Dicha comunidad está gobernada por el PP.
Según informaron fuentes próximas a la investigación, el registro se inició a primera hora de la mañana y transcurrió durante varias horas, y en el mismo los agentes se incautaron de diversa documentación y material relacionado con el caso que instruye el titular del Juzgado número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, sobre presuntos delitos de prevaricación, cohecho y contra el medio ambiente.
En el marco de este caso la Policía detuvo ayer en Lorca al notario Sebastián Fernández Rabal y a su apoderado en la empresa Hacienda El Hornillo, José Cáceres Olivares, como resultado de la investigación surgida de la causa judicial abierta por el proyecto de urbanización del paraje protegido de La Zerrichera.
Ambos están acusados de cometer presuntamente cohecho, prevaricación y un delito medioambiental al haber promovido el cambio de uso de un suelo en la costa de Águilas en la etapa en la que ocupaba la Consejería de Medio Ambiente Francisco Marqués
Según informaron fuentes próximas a la investigación, el registro se inició a primera hora de la mañana y transcurrió durante varias horas, y en el mismo los agentes se incautaron de diversa documentación y material relacionado con el caso que instruye el titular del Juzgado número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, sobre presuntos delitos de prevaricación, cohecho y contra el medio ambiente.
En el marco de este caso la Policía detuvo ayer en Lorca al notario Sebastián Fernández Rabal y a su apoderado en la empresa Hacienda El Hornillo, José Cáceres Olivares, como resultado de la investigación surgida de la causa judicial abierta por el proyecto de urbanización del paraje protegido de La Zerrichera.
Ambos están acusados de cometer presuntamente cohecho, prevaricación y un delito medioambiental al haber promovido el cambio de uso de un suelo en la costa de Águilas en la etapa en la que ocupaba la Consejería de Medio Ambiente Francisco Marqués