LD (Pedro de Tena) El Correo de Andalucía, en cuyo consejo editorial intervienen directamente relevantes militantes del PSOE, ha tenido acceso exclusivo a un estudio del Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, que financia la Junta de Andalucía y dirige Manuel Pérez Yruela, marido de la ex ministra Carmen Calvo.
Este estudio no aparece en la página web del Instituto a pesar de ser público y de disponer de financiación pública. Tampoco ha sido remitido al Partido Popular. En este texto titulado Los efectos secundarios de la corrupción local: cuando los ciudadanos castigan a otro nivel, se concluye que el 52 por ciento de los andaluces responsabiliza a la Junta de Andalucía que gobierna Manuel Chaves de la corrupción en los municipios y que sólo el 48 por ciento señala como responsable a los consistorios. Además, un 70 por ciento cree que la Junta ha sido permisiva con la corrupción municipal.
Para las conclusiones de este estudio, los escándalos urbanísticos de Marbella, Estepona o Alhaurín hacen mella en la opinión pública y cuatro de cada diez andaluces creen que su Ayuntamiento comete irregularidades. Además, revela que los ciudadanos reparten culpas: el 52% apunta a la Junta y el 48% responsabiliza en exclusiva a los consistorios. Según El Correo, la finalidad del estudio es analizar hasta qué punto los escándalos urbanísticos municipales repercutieron en los resultados de los comicios autonómicos del 9 de marzo. “Aunque en esas elecciones la pérdida de votos del PSOE, sobre todo en el litoral, tuvo más que ver con la economía, si el corrupto es un líder local, se contamina la marca del partido”, explica Gómez, uno de sus autores.
El PSOE, no obstante, ganó con el 48,19% de los sufragios (frente al 50,36% de 2004) y revalidó su mayoría absoluta en el Parlamento, si bien el PP conquistó Málaga y Almería y aumentó su apoyo casi un 7%, lo que le valió diez escaños más en la Cámara autonómica.
El equipo realizó, entre el 14 de mayo y el 18 de junio de este año, 4.810 encuestas. Es decir, el estudio se hizo hace seis meses y aún no se ha hecho público ni se ha remitido a los partidos de la oposición. Dado que el litoral registró mayores cambios en el sentido del voto se buscó que en la muestra sus habitantes estuvieran ampliamente representado. “Finalmente, suponen el 40% de los entrevistados, que es el mismo porcentaje que representan en el censo total andaluz”, destacó Palacios.
Si hay un caso de corrupción municipal que ha marcado a la opinión pública es la operación Malaya en Marbella. “A raíz de ésta, los medios de comunicación empezaron a meter estos temas en la agenda de noticias, tras una década sin escándalos visibles desde los años 90”, reconoce el director del estudio. Por ello, en la encuesta se preguntó a los andaluces si consideraban la actitud de la Junta estricta o permisiva ante las irregularidades urbanísticas, diferenciando entre antes y después de los últimos casos.
Preguntados sobre cómo consideran la actitud de la Junta “hasta ahora”, el 70% la calificó de “más bien permisiva”, frente a un 15,2% que la consideró “más bien estricta” y un 2,4% que señaló “ni estricta ni permisiva”. Sin embargo, al interrogarles sobre cómo creen que será su actuación en los próximos años a raíz de escándalos como el de Marbella, el 59,2% respondió que “más bien estricta”, un 1,4% “ni estricta ni restrictiva” y un 26% piensan que la Junta seguirá siendo “más bien permisiva”.
Ver a alcaldes como el de Marbella, Estepona, Tolox o Camas imputados e incluso encarcelados por prevaricación o cohecho ha hecho que cuatro de cada diez encuestados crea que su propio Ayuntamiento pueda estar afectado por irregularidades urbanísticas, frente a un 32,7% que confía en la honradez de sus representantes. De todos modos resulta alarmante la permisividad de una parte de los encuestados ante este tipo de actuaciones.
Aunque un 56,1% de los encuestados vería “mal siempre” que un proyecto urbanístico fuera aprobado de forma irregular por su Ayuntamiento, a un 39,5% no le parecería mal “en función de quién saliera beneficiado”.