(Libertad Digital) Las últimas resoluciones judiciales en Andalucía que dan la razón a los objetores a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía parecen no ser escuchadas por la Junta presidida por Manuel Chaves, que únicamente pone trabas y problemas a todo aquel que se manifiesta contrario a dicha materia.
La última medida del Gobierno andaluz ha sido la de publicar los nombres de nueve objetores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en una resolución en la que les requería nueva documentación a las familias que se han opuesto a ser adoctrinados. Sin embargo, los padres denuncian que nunca se habían publicado los nombres en el Boletín Oficial por lo que han considerado que el objetivo principal de la Junta es "señalar" a los padres objetores.
En este sentido, creen que el Ejecutivo andaluz tiene otros medios para dirigirse a las familias pues dispone de los domicilios y de los centros escolares en los que estudian los niños. Incluso han asegurado que el pretexto utilizado por la Junta no es valido puesto que "la gente no se lee el Boletín todos los días".