Así lo establece el proyecto de ley del código de consumo en Cataluña, que apoyaron el tripartito y CiU. La normativa habla de respeto a los "derechos lingüísticos" de los consumidores catalanes, que tienen el derecho a ser atendidos oralmente y por escrito, dicen, por parte de empresas públicas y privadas en la lengua que deseen.
Las sanciones se considerarán leves, con un importe máximo de hasta 10.000 euros, aunque, en el caso de las empresas que reincidan o que no hayan abonado las sanciones, se considerarán graves, con una multa de entre 10.001 y 100.000 euros, "cantidad que puede ultrapasarse hasta alcanzar el quíntuplo valor de los bienes y servicios objetos de la infracción".
El proyecto de ley concreta que los consumidores tienen derecho a recibir en catalán "las invitaciones a comprar, la información de carácter fijo, la documentación contractual, los presupuestos, los resguardos de depósito, las facturas", entre otros documentos.
También se incluye las instrucciones para el adecuado consumo de los bienes y servicio, especialmente de los datos obligatorios relacionados con la seguridad, y también varios tipos de contratos.
El texto también establece que la Generalidad debe velar "por el fomento en las relaciones de consumo" del occitano en su variante aranesa en Val d'Aran.