En una escueta nota hecha pública este viernes, la Fiscalía General del Estado explica que la petición de imputaciones se realiza en respuesta a la solicitud formulada por Garzón el pasado 10 noviembre "con la finalidad de avanzar en la investigación de los hechos". Las mismas fuentes no precisan número de posibles nuevos imputados, si éstos ocupan cargos públicos o los delitos que indiciariamente se les atribuyen.
A mediados de este mes trascendió la noticia de que, a resultas de la investigación realizada por la Guardia Civil, existía la posibilidad de que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid realizara nuevas imputaciones, y que a tal efecto se había solicitado informe al Ministerio Fiscal, que hoy habría respondido a este requerimiento.
Una decena de imputados más
Ya se dijo entonces que existía una alta probabilidad de que hubiera nuevos imputados en la causa, principalmente empresarios y algunos cargos municipales de ayuntamientos catalanes. Entre los interrogados por la Guardia Civil, que serían en torno a la decena, trascendió el nombre del ex jefe de Planificación Territorial de la Generalidad Genís Carbó, si bien su implicación en este asunto no ha sido aún confirmada oficialmente.
El pasado miércoles, los hasta ahora cinco encarcelados por orden del juez Garzón en torno a este asunto fueron trasladados desde la prisión madrileña de Soto del Real (Madrid), donde ingresaron el pasado 30 de octubre, hasta la cárcel catalana de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde permanecen en prisión preventiva.
Un gran autocar de la Guardia Civil trasladó al ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz; al ex concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco; a los ex altos cargos en los gobiernos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, además del ex diputado del PSC Luis García, considerado el cerebro de la trama.
Después de que la Audiencia Nacional les denegara la libertad provisional, los abogados de los imputados reclamaron el traslado a prisiones catalanas, para que sus clientes estuvieran más cerca de sus familiares y poder preparar mejor la defensa del caso.
El juez Baltasar Garzón accedió a ello, ya que no necesita su presencia continua en Madrid, aunque sí los podría citar si lo requiere. Un día antes, el juez había rechazado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la puesta en libertad alavedra y Prenafeta en razón de su avanzada edad, que supera los 70 años.
El Ministerio Público objetó que esta circunstancia no justificaba ahora su excarcelación, por lo que deben permanecer encarcelados en tanto no se resuelvan los recursos contra el auto de prisión presentados por sus defensas ante la Sala de lo Penal, tribunal superior jerárquicamente al juzgado de Garzón. Se les imputan delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Estos ex altos cargos llevan en régimen de prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de octubre junto con el ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet el ex concejal Dobarco y el ex diputado socialista Luis Andrés García, imputados por el mismo caso.
Tal y como se detalla en el autor dictado por Garzón contra todos ellos, los ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por cinco operaciones urbanísticas desarrolladas por la presunta trama de corrupción desmantelada por la 'Operación Pretoria'. Para Garzón esto justifica la medida de prisión provisional para el presunto 'cerebro' de la trama, el ex diputado del PSC Luis García, y los otro cuatro imputados sobre los que también pesa esta medida cautelar.
Los nueve imputados hasta el momento formaban un "grupo organizado de personas" dirigido por García, al que Garzón cita como "consejero de facto o en la sombra", que invertía capitales procedentes de paraísos fiscales en la compra de terrenos que eran adjudicados y posteriormente recalificados gracias a una red de "intermediarios y comisionistas" formada por Alavedra, Prenafeta y el propio García.
La trama en activo
La actividad de la trama se desarrollaba en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma aunque también tenía "ramificaciones en otras localidades de Cataluña, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y las islas Madeira y Caimán".
Igualmente, se están investigando posibles irregularidades en otras actuaciones del Ayuntamiento de Santa Coloma, Ferrán y varios proyectos de guarderías, así como toda la desviación de fondos de cohesión europea y pagos por la obtención del contrato de limpieza a Limasa.
En todos los casos ayuntamientos afectados aprobaban "un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, quien gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en estas localidades y a sus relaciones con empresarios interesados favorecía la tramitación y consumación del negocio, repartiendo en forma ilícita cantidades pagadas por los últimos.
Según el auto de Garzón, los dos ex altos cargos de CiU habrían recibido al menos 637.590 euros por su mediación en las operaciones 'Niesma' y 'Badalona'. Tanto Prenafeta como Alavedra aprovechaban sus contactos en organismo oficiales para favorecer las actividades de Luis Casamitjana y su empresa Espais, que procedía al "lavado (blanqueo)" de dinero y les pagaba comisiones por sus servicios.