LD (Pedro de Tena) Según cuenta Efe, la Fiscalía de Sevilla se ha inhibido de sus investigaciones a favor del juzgado de instrucción 6, a quien ha correspondido la denuncia del PP y del PA sobre la presunta petición de comisiones ilegales por parte del ex presidente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y el ex director adjunto de dicha empresa, Daniel Ponce.
Un decreto de la Fiscalía explica que en el caso fueron imputados por la Policía, a instancias del fiscal, estos dos directivos y además Antonio Rivas, delegado provincial en Sevilla de la consejería de Empleo, y declaró como testigo Alfonso Mir, actual consejero delegado de Mercasevilla. La Junta niega esta imputación aunque reconoce que fue llamado a declarar en calidad de imputado.
En este sentido, el decreto firmado por la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, precisa que durante el tiempo que las investigaciones estuvieron en Fiscalía se acordó ampliar la investigación a todas las ayudas oficiales entregadas por la consejería de Empleo en los últimos cuatro años a Mercasevilla y a la Fundación Mercasevilla.
Inicialmente, las investigaciones se referían solo a una petición realizada por Mellet y Ponce al grupo hostelero La Raza de 300.000 euros de comisión y "la asunción de unos gastos extras por importe de otros 150.000 euros" como "condición para su participación en la gestión de una subvención otorgada por la consejería de Empleo con destino a la puesta en marcha de una Escuela de Hostelería".
El decreto de la Fiscalía asegura que de las primeras investigaciones "se desprende presuntamente la implicación directa de Ponce y Mellet en la solicitud de una comisión a cambio de la participación en la gestión de la subvención", lo que supondría presuntos delitos de "cohecho, fraude de funcionario público, prevaricación y otros".
La Fiscalía ha tomado ya declaración a Mellet, Ponce y a la funcionaria R.P. durante el martes y miércoles de la semana pasada, pero la "precipitada finalización" de sus diligencias ha dejado en el aire la declaración como testigos, fijada inicialmente para el próximo 5 de mayo, de los dos empresarios denunciantes del cohecho. Ahora, la Fiscalía remitirá todas sus actuaciones al juzgado a quien ha correspondido el caso, que previsiblemente no tomará ninguna decisión hasta después de la Feria de Abril que comienza hoy y concluye el próximo domingo día 3 de mayo, han informado a Efe fuentes judiciales
Para resumir, el caso consiste en que los ex directivos, Fernando Mellet y Daniel Ponce pedían comisiones corruptas a cambio de la participación en la gestión de la subvención otorgada para la gestión de la escuela de Hostelería" y precisa que en la actualidad se hallaba en investigación "el destino y destinatario final del dinero exigido: 450.000 euros". Tales hechos fueron denunciados por los empresarios del grupo La Raza Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas y, según la Fiscalía, pueden ser constitutivos de un delito de cohecho, fraude de funcionario público, prevaricación, además de otros que no especifica.
La fiscal María José Segarra también había acordado ampliar la investigación de la Policía Judicial a las subvenciones otorgadas en los últimos cuatro años a la Fundación Mercasevilla por la Consejería de Empleo, a través de la delegación provincial que dirige Antonio Rivas, así como al resto de ayudas recibidas por la mencionada entidad.
Desde el año 2007, Mercasevilla recibió 1.352.000 euros en subvenciones, de las cuales la más importante fue precisamente el proyecto de escuela de hostelería que desveló el posible caso de corrupción. Esta ayuda tenía un importe de 900.000 euros y fue concedida por la Junta en diciembre de 2008. El importe estaba concedido pero aún no había sido abonado cuando se destapó el escándalo por el cobro de comisiones ilegales.
Mercasevilla había recibido con anterioridad otras dos ayudas procedentes de la Consejería de Empleo en Sevilla. La primera es del 7 de marzo de 2007 y estaba dotada con 378.696,96 euros para construir una escuela taller dedicada al mantenimiento de los edificios. La otra subvención es del 14 de febrero de 2008 y su importe de 47.511,75 euros, y estaba dirigida al desarrollo de programas de formación profesional ocupacional.
El Ayuntamiento de Sevilla concedió otros 5.363 euros para un programa de inserción laboral y social de vendedores ambulantes, y 21.000 euros la obra social de la Caixa para impulsar un programa de mediación social para la resolución pacífica de conflictos.
Antonio Rivas, ex alcalde de Camas y los escándalos
El ex alcalde Camas hasta 1999, Antonio Rivas, aparece vinculado a algunos escándalos sonados desde hace años.
La delegada provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, Pilar Pérez Martín, su hermana y el padre de ambas, Emilio Pérez Ruiz, lograron una plusvalía de 4.320 millones de pesetas (unos 26 millones de euros) en un solo día por la compra y posterior venta de unos terrenos que el PSOE se comprometió luego a recalificar. Según las fuentes consultadas, Antonio Rivas fue el que inició el proyecto por parte del PSOE cuando era alcalde.
La llegada de IU a la Alcaldía de Camas, en 2003, frustró la operación y la Caja San Femando, que había concedido los créditos a los últimos compradores acabó asumiendo las hipotecas una vez que el pelotazo ya se había consumado. Es decir, personas directamente vinculadas al PSOE de Andalucía dan el pelotazo supermillonario con la participación de altos cargos de una Caja de Ahorros y la Diputación de Sevilla.
Se trata de la finca Los Hallones, 90,42 hectáreas de suelo inundable en el término de Camas, que en la mañana del 23 de septiembre de 2000 pasó de unas manos a otras, dejando por el camino un beneficio de 1.320 millones de pesetas para Pérez Ruiz y la empresa Sol Frío de Níjar, de la que cada una de sus dos hijas poseía. aproximadamente, un tercio. Cuando Emilio Pérez Ruiz y Sol Frío de Nijar llevaron a término la operación, Pilar Pérez Martín era directora del área de Juventud de la Diputación de Sevilla, un cargo de libre designación. El presidente de la Diputación en aquellos momentos era Luis Navarrete, que por esas fechas era, además, concejal del PSOE en Camas. Navarrete ha sido desde agosto de 2004 hasta ahora el presidente de la Caja San Femando.
Al incorporarse a la Consejería de Medio Ambiente, como delegada provincial en Sevilla, Pilar Pérez Martín declaró poseer 1.000 euros en acciones de Sol Frío de Nijar.
Emilio Pérez Ruiz fue diputado en el Congreso por el PSA en las primeras elecciones democráticas. Posteriormente, se fue distanciando de los andalucistas y aproximándose al PSOE, hasta convertirse en asesor en asuntos económicos de Rafael Escuredo, cuando era presidente de la Junta. Mediados los 90, se convirtió en abogado de Juan Guerra, al que asistió en el proceso por dejar de pagar más de 40 millones a Hacienda. El caso de Los Hallones’ es conocido y ha ocupado espacios de prensa, pero se desconocía que su compraventa había generado tal pelotazo en un solo día.
La operación se realizó la mañana del sábado 23 de septiembre de 2000, en la notaría del ex presidente del Parlamento de Andalucía Antonio Ojeda, en Sevilla. Allí, cinco nietos del general Queipo de Llano vendieron los suelos a Emilio Pérez Ruiz y a sus hijas por 900 millones de pesetas e, ipso facto, éstos los transmitieron a Hispalia XXI y a Desarrollo Inmobiliario Siglo XXI por 5.220 millones de pesetas (4.500 más IVA). Estas dos empresas las constituyeron las sociedades Coinsur 99, de Gerardo Martínez Retamero (47,12%), Caja San Fernando (32,10%) y la inmobiliaria Reifs (20,36%). El 0,42% restante era propiedad de Martínez Retamero a título personal.
En total, la Caja San Femando puso 5.500 millones de pesetas para que se fraguara la operación, ya que a los 5.220 millones de la compraventa hay que sumar otros 280 para gastos y comisiones de intermediación.
Ahora, la fiscalía ha devuelto a la delegación de Sevilla la denuncia presentada por el concejal de Camas y consejo de la asamblea de Caja San Fernando, Antonio Enrique Fraile en la que exponía una series de irregularidades en el convenio suscrito entre varias sociedades participadas por Caja San Fernando y el Ayuntamiento de Camas, en 2001, por la finca los Hallones en la citada localidad. Según Europa Press, el fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla asumirá la denuncia que trasladó a Madrid a principios de febrero y deberá determinar si los hechos que se narran en la misma son constitutivos de algún tipo de delito o si por el contrario la archiva.
Los imputados a causa del presunto soborno a una edil tránsfuga —de PP, PA a IU— culparon a Rivas, hombre en la sombra de los socialistas, de estar detrás de una «trama trampa» para recuperar el Ayuntamiento y, así, poder llevar a cabo la recalificación de una inmensa bolsa de suelo en la vega de ese municipio, la finca Los Hallones, propiedad de sociedades participadas por las cajas de ahorro sevillanas. De hecho, el protocolo municipal de Camas para dicha recalificación se envió a la contraparte desde un fax de la propia Delegación de Empleo de la Junta, donde Rivas tiene mando en plaza. En septiembre de 2006, fue «cazado» por ABC en una reunión en un bar de Triana con la propia concejal tránsfuga. Nunca apareció en primer plano de este asunto, pero los imputados le han señalado constantemente como el cerebro de la presunta trama.