"La Administración debería expulsar a estas personas de España por no respetar unos de los máximos valores universales y democráticos: la libertad y la igualdad", ha señalado en un comunicado el comité provincial de Tarragona del sindicato de policía.
La Confederación Española de Policía sostiene que el Gobierno debería exigir a los representantes islámicos en España que personas como el imán de Cunit, después de ser juzgados y condenados, "abandonen nuestro país de forma inmediata y definitiva". Casos como el de Cunit o el supuesto juicio islamista ilegal celebrado hace unos meses en Valls, advierte el sindicato, "son lo suficientemente importantes como para que se preste atención al repunte del integrismo en Tarragona".
La CEP afirma que "nadie ha pedido a este señor imán y a las personas que han mantenido amenazada a la mediadora cultural que vengan al país", por lo que si están en desacuerdo con las leyes españolas "son muy libres de marcharse por donde han venido". La organización sindical recuerda que cuando una persona de religión musulmana llega a España adquiere unos derechos y unos deberes.
Y parece ser que el imán de Cunit y parte de la organización a la que representa, indica la CEP, no acatan estos deberes, ya que "no aceptan que en España una mujer sea libre de vestir como le venga en gana".
El juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell ha instruido diligencias penales contra el imán de Cunit por coaccionar, calumniar y amenazar a Fátima G.G., una mujer de nacionalidad española y origen marroquí, que se negaba a ponerse velo y trabajaba como mediadora cultural en la localidad.
Al igual que el imán, están imputados por la presunta comisión de un delito de coacciones, calumnias y amenazas la esposa de éste, Zohra A. A., y la hija del matrimonio, Hafssa Ben B., así como el presidente de la Asociación Islámica, Abderramán El O.
La alcaldesa socialista de Cunit intentó evitar la detención del iman e incluso pidió a Fátima que retirara la denuncia, a lo que la mujer se negó.